Buena la ha liado la consejera regional de Empleo, Margarita Ramos, al hablar sobre la conveniencia de plantearse si “un volumen de 12 millones de turistas en un año es sostenible para Canarias”, dados los recursos que consumen, y si no sería conveniente fijar “un techo de sostenibilidad para el turismo”, lo que a su vez mejoraría la calidad media en el sector. Dicho así, a bote pronto, con la crisis a toda máquina, la reflexión de la consejera podría parecer inoportuna, imprudente incluso. Pero tiene un gran fondo de verdad y en circunstancias económicas normales debería mover a las autoridades para, hipocresías aparte, tomar buena nota de que, con el actual modelo productivo y al ritmo de crecimiento de los últimos años, sería, más que conveniente, obligado reorientar el futuro del turismo. La capacidad de carga del territorio -ecológica, paisajística y psicológica- tiene un límite y el intento de reordenar el sector con una maraña de normas y leyes a muchas veces contradictorias, así como con moratorias y directrices de dudoso resultado y perniciosos efectos sobre la seguridad jurídica, ha sido más un parche para ganar tiempo que una solución racional fruto del rigor y el consenso al que están llamados todos los actores que intervienen en las actividades viajeras y de ocio. El turismo es la principal fuente de riqueza de las Islas, pero consume mucho suelo, energía y agua. Y deja otras consecuencias en forma de contaminación ambiental, sobreutilización de servicios e infraestructuras, acumulación de residuos y efectos varios sobre el medio natural y el entorno social, cultural y económico. De ahí la necesidad de potenciar un turismo sostenible entendido -según lo define la Carta de Turismo Sostenible aprobada en la Conferencia Mundial de Lanzarote de 1995- como un modelo de desarrollo económico que mejore las condiciones de vida de la comunidad receptora y facilite al turista una experiencia de alta calidad en el medio ambiente, del que dependen tanto la comunidad anfitriona como los visitantes. Hace dos años, en el Foro Parlamento y Sociedad, los especialistas en cuestiones territoriales y urbanísticas sentenciaron que Canarias necesitaría un territorio diez veces mayor que el que tiene si desea mantener el ritmo actual de crecimiento. La advertencia ha caído en saco roto, pero tarde o temprano tendrá que imponerse el sentido común si no queremos ir directos al desastre. Progreso y evolución económica sí; renovación y rehabilitación territorial y hotelera, también. Pero no a cualquier precio, sino cuidando el medio y procurando poner límites al desarrollo por la vía de la disciplina, la calidad y la sostenibilidad.