MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

Trabajo realizó, entre 2006 y 2011, el seguimiento médico de 61.000 bajas laborales, de las que 52.000 fueron inspeccionadas. De ellas, el 54%, unas 33.000, acabaron con el alta médica del trabajador, pero además el 75% de los empleados se reincorporó a su puesto de trabajo a las 24 horas de la llamada de la Inspección.

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE), Pedro Alfonso, reveló estos datos ayer en una jornada sobre la reforma laboral, en la que también participaron los representantes sindicales.

Durante su exposición, Alfonso evaluó, desde el punto de vista empresarial, las “virtudes” y “defectos” del actual decreto, que “apuesta por la flexibilidad y no por el despido”. En este sentido, garantizó, ante los representantes sindicales, que la reforma “no va a provocar despidos masivos, los empresarios antes agotan todas las posibilidades. Lo que buscamos es lealtad y talento”. Alfonso resaltó el papel del decreto en relación con el control del fraude y el absentismo laboral, así como en la potenciación de la cualificación del trabajador. Los empresarios “no somos ONG. Queremos trabajadores cualificados en toda su vida laboral: un salario igual a una eficacia”.

El secretario general indicó que hay una generación de jóvenes bien preparados a los que los empresarios no les pueden ofrecer un empleo porque hay personas de más edad, “que se aferran a su puesto de trabajo, sin que el empresario pueda hacer nada por el elevado coste de su despido”. Alfonso finalizó diciendo que las empresas necesitan una reforma “profunda y eficaz”.

El secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, aseguró, en su apasionada intervención, que la reforma rompe “el equilibrio constitucional” porque su objetivo es la “pérdida” de empleo. Su homólogo en CC.OO., Juan Jesús Arteaga, agregó que, a partir de ahora, “asistiremos a una especie de acoso laboral” al ampliarse las causas de despido.