EFE| Madrid
Las sociedades de estiba y desestiba de los puertos de San Sebastián de La Gomera y de La Estaca (El Hierro) desaparecerán como consecuencia de los planes de ajuste del sector público empresarial aprobados ayer por el Consejo de Ministros. Además, el Gobierno acordó desinvertir en otras dos empresas radicadas en Canarias: la Sociedad de Fomento e Inversiones de Tenerife, SA, y el Parque Marítimo Santa Cruz, SA.
El plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial permitirá ahorrar 1,08 millones al año con la supresión de 154 consejeros.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el proyecto prevé que en 80 sociedades mercantiles se produzca la supresión, desinversión o agilización de liquidación. Así, recoge la extinción de 24 sociedades mercantiles estatales, el 17% del total, entre las que están la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), Ingeniería y Servicios Aeroespaciales (INSA), Remolques Marítimos, SA, y la Sociedad de Ventas de Loterías (Sevalae). La desinversión se producirá en ocho sociedades, el 6% del total, tales como Olimpic Moll, Cytasa y Portel Servicios Telemáticos, y habrá una agilización de la liquidación en 13 sociedades.
Estas operaciones afectan a 45 sociedades mercantiles estatales, el 32%, a las que hay que añadir la desinversión de participaciones mayoritarias de la Administración general del Estado en otras 35, como Parque Marítimo Santa Cruz, SA, y Construrail. Además, se extinguen o fusionan nueve fundaciones de sociedades estatales, entre ellas, la Fundación SEPI y la Fundación Efe.
La vicepresidenta comentó: “El Estado puede poner la casa en orden y lo ha decidido. El sector público no está para mantener restos del pasado de por vida”. Asimismo, destacó que el plan se rige por los principios de la eficiencia, la economía y la estabilidad presupuestaria.
La número dos del Ejecutivo resaltó que el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de Administración Local seguirán un proceso idéntico al abordado por el Gobierno de Mariano Rajoy , con un compromiso de reducción en torno al 25%, porcentaje que ya se aprobó en 2010 pero que no se ha llevado a cabo.
Sáenz de Santamaría incidió en que con el plan se ahorra en gastos de directivos de los órganos de administración, y se gana en racionalización, eficiencia, eficacia y en mayor transparencia para que los ciudadanos vean cómo se gestionan los ingresos públicos.
A este respecto, informó de que, según el último inventario de 31 de diciembre de 2011, la administración general del Estado tenía 228 empresas públicas y operaba sobre 85 y añadió que en el ámbito autonómico la cifra es superior y en el local incluso más.
De hecho, hay 2.372 empresas, 626 fundaciones (solo 52 son de la Administración general) y 1.055 consorcios. El plan se publicará en el BOE y la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos económicos efectuará una vigilancia de su cumplimiento con el fin de elevar un informe al Consejo de Ministros en el primer trimestre de 2013.
Pago a proveedores
Sáenz de Santamaría avanzó, por otra parte, que cerca de 5.000 ayuntamientos han presentado 1.931.976 facturas pendientes del pago con proveedores, por importe de 9.584 millones de euros. “Esta ha sido una medida histórica y única, no porque no se haya hecho nunca sino porque no se va a hacer nunca más”, dijo la vicepresidenta en rueda de prensa. “Las administraciones públicas deben ser creíbles y pagar lo que deben”, manifestó.
“El Estado ha hecho un esfuerzo pero punto y final”. A partir de ahora, añadió la portavoz, las corporaciones locales deberán regirse por un “plan de ajuste, ley de estabilidad presupuestaria y un código de buen gobierno con responsabilidad administrativa e incluso penal” para los gestores que pongan a las administraciones en dificultades de viabilidad. La vicepresidenta insistió en que los datos facilitados “son provisionales”, porque acaban de llegar al Ministerio de Hacienda. Pidió “absoluta prudencia”.
Sáenz de Santamaría emplazó a los ayuntamientos a que “cumplan de una vez”.