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El Gobierno de España encarece las tasas judiciales

EFE | Madrid

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el anteproyecto de ley que contempla una subida generalizada de las tasas judiciales, de entre 50 y 750 euros. El objetivo que persigue eel Ejecutivo que preside Mariano Rajoy con esta medida es paliar la saturación de los juzgados y a su vez sufragar la justicia gratuita.

A partir de ahora se aplicarán las tasas también para las personas físicas, y no sólo jurídicas, que dispongan de recursos económicos, aunque quedarán exentos de pagar aquellos a quienes se haya reconocido la asistencia gratuita por carecer de recursos. Otro de los objetivos que se marca el Ejecutivo es evitar que lleguen a los juzgados conflictos que pueden solucionarse a través de otras vías, como la mediación, o aquellas actuaciones que sólo persiguen dilatar en el tiempo el procedimiento, con lo que se aliviará también la carga de trabajo de los órganos judiciales.

La subida afectará a las tasas ya existentes para interponer una demanda o recurso en el orden Civil y Contencioso-administrativo y se aplicará también en lo Social, aunque en esta jurisdicción sólo en el caso de recursos en segunda instancia de suplica o casación, quedando también excluido el orden penal.

En concreto, en el orden civil subirán las tasas para los procesos verbal y cambiario, que pasan de 90 a 150 euros; las
correspondientes para procesos ordinarios se incrementan de 150 a 300, y en el proceso monitorio suben también de 50 a 100 euros.

Las tasas para ejecuciones extrajudiciales y concursos necesarios se elevan de 150 a 200 euros, en los recursos de apelación habrá que pagar 500 euros más -de 300 a 800- y en los de casación e infracción procesal suben un 100 por cien pasando de 600 a 1.200.

En la jurisdicción contencioso-administrativa suben las tasas en los procesos abreviado (de 120 a 200 euros) y ordinario (de 210 a 350), así como en los recursos de apelación, que pasan de 300 a 800 euros, y de casación, de 600 a 1.200.

Por último, en el orden social, se aplicarán las tasas sólo en segunda instancia, costando 500 euros para los recursos de súplica y 750 en casación.