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El Gobierno se prepara para frenar los sondeos en el Constitucional

BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias prepara el requerimiento que enviará al Ejecutivo estatal de Mariano Rajoy, previo al establecimiento del conflicto competencial en el Tribunal Constitucional, con el que se pretende frenar el expediente de convalidación a Repsol de los permisos de investigación de petróleo frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote. El presidente canario, Paulino Rivero, pidió a Rajoy que respete la negativa de la mayoría del Parlamento regional, salvo el Partido Popular, para archivar dicho expediente.

Tras el pronunciamiento de la Cámara autonómica del pasado martes, el Gobierno ha comenzado a elaborar el requerimiento, que se remitirá al gabinete de Mariano Rajoy solicitándole que se declare incompetente en este asunto.

Ante la previsible respuesta negativa del Gobierno central, el requerimiento se convierte en el paso previo necesario para acudir a continuación al Tribunal Constitucional.

Este procedimiento es el primero de los tres frentes con los que el Ejecutivo autónomo pretende paralizar la reactivación de los permisos a Repsol. La vía del contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional debe esperar a que el Consejo de Ministros apruebe la norma de la convalidación, y la de la creación de un tributo regional, primero requiere que sea aprobado por el Consejo de Gobierno para después ser sometido a la consideración del Parlamento canario.

Paulino Rivero, a través de su blog personal, trasladó ayer la voluntad de “entendimiento con la que mi Gobierno” quiere abordar las relaciones de Canarias con el Estado. En ese contexto, el presidente espera que Rajoy “fije, cuanto antes y públicamente, su posición sobre este asunto, y, sobre todo, confío en que respete la posición contraria a las prospecciones que ha expresado, alto y claro”, el Parlamento canario.

A “los canarios”, añade Rivero, “nos gustaría saber qué opina” el presidente del Gobierno estatal sobre la intención de autorizar las prospecciones en un territorio “especialmente sensible y tan dependiente” del mar y del medio ambiente. El jefe del Ejecutivo regional le pregunta a Rajoy si “apoya” esta iniciativa “aun a sabiendas de que, sin generar empleos para los canarios, pondría en riesgo la biodiversidad de las Islas y a nuestro sector turístico, que es el 30% por ciento de nuestro PIB”.

Para Rivero, “no hay dinero que pague el posible daño que estas prospecciones puedan suponer para nuestra economía, nuestra biodiversidad y nuestra naturaleza”. Afirma que más del 60% de los residentes de Lanzarote y Fuerteventura se oponen.

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Rabat protestó

Cuando, en enero de 2002, Repsol recibe del Gobierno de Aznar los nueve permisos de investigación frente a las costas canarias, Marruecos reaccionó de forma durísima, según recuerda el Real Instituto Elcano en un trabajo de finales de 2003.

Rabat envió a la Embajada española una nota diplomática en que calificaba este hecho de “inamistoso e inaceptable”. El ministro marroquí de Exteriores del momento, Benaissa, afirmó que España había delimitado, de forma unilateral, la frontera entre las zonas de interés de Canarias y Marruecos.

La nota concluía “invitando insistentemente a España a suspender su aplicación”. Meses después Repsol tuvo que abandonar sus trabajos porque el Tribunal Supremo, alegando motivos medioambientales, anuló los permisos que ahora el Ministerio de Industria quiere activar.

Desde la protesta marroquí y hasta la actualidad, España y Marruecos no han definido la mediana, es decir, la frontera marítima entre ambos países.

El trabajo del Real Instituto Elcano afirma que Repsol estaba obligada a invertir 10 millones en los estudios geológicos en dos y tres dimensiones, geoquímicos y sísmico-estratigráficos. Estos estudios “se han realizado ya”. En los primeros meses de 2004, agrega, Repsol “realizará su primera perforación en la zona”. El Tribunal Supremo lo evitó.

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