EFE | Sevilla
El juzgado de instrucción 7 de Sevilla, junto con la Fiscalía Antidroga, han asumido la investigación por el robo de 30 kilos de cocaína del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, que se encontraban almacenados en una habitación a cuya llave tenían acceso varios funcionarios.
Fuentes del caso han informado a Efe de que, según las primeras investigaciones, los 30 kilos robados pertenecían a cuatro alijos y se encontraban en el Instituto Nacional de Toxicología para que sus técnicos lo analizaran y determinaran su composición y pureza.
El robo se descubrió el jueves por la mañana, cuando los funcionarios llegaron a trabajar y observaron que la caja donde se guardaba la droga estaba fuera de su lugar habitual y sin contenido.
La directora del centro ordenó inmediatamente la clausura de la habitación, denunció el hecho en el juzgado de guardia y llamó a la Policía, por lo que agentes de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) y de la Policía Judicial se personaron en el lugar y tomaron huellas y muestras de ADN.
Además, el recinto se encontraba bajo vigilancia con cámaras de seguridad, han añadido las fuentes.
El juez de instrucción 7 ha asumido la investigación del caso, así como la Fiscalía Antidroga.
Según las fuentes, el recinto donde estaba guardada la droga, denominado “bunker”, estaba cerrado con llave de seguridad pero ésta se encontraba en un cajón, al alcance de los trabajadores u otras personas.
La Policía está analizando las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del edificio, aunque aún no se han producido detenciones.
Este robo se ha producido tras la desaparición en el año 2008 de 154 kilos de cocaína y heroína de la Jefatura de Policía de Sevilla, hecho por el que cumplen prisión Lars S.M., expolicía de la UDYCO, y su cómplice Manuel A.N., mientras que sus esposas están acusadas de cómplices y por blanqueo de los cuatro millones de euros presuntamente obtenidos de la venta de la droga.
Las fuentes han indicado a Efe que en esta ocasión el robo fue descubierto y denunciado de inmediato y el recinto fue clausurado, de modo que se han preservado los posibles vestigios que pueden delatar a los autores.
En 2008, la Policía tardó siete días en denunciar el robo pues primer pensó que había sido un error de recuento, lo que motivó incluso que el juzgado de instrucción 19 abriese diligencias por omisión del deber de perseguir delitos contra el entonces jefe de la UDYCO y dos jefes de grupo, finalmente archivadas en febrero del 2012.