El consejo de ministros acaba de aprobar un plan de racionalización de los entes reguladores en España. Ha reducido ocho de ellos constituyendo uno con el fin de evitar duplicidades y contradicciones apostando por una mayor seguridad jurídica y una mayor protección del mercado. Salvo la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y la Dirección General de Seguros, el resto de entes reguladores han sido fusionados en uno solo: la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. El esfuerzo de racionalidad es digno de encomio porque también en esta materia en los últimos años habíamos caído en esa peligrosa tendencia de constituir órganos de regulación para cada actividad como si fuéramos los Estados Unidos de América. Ahora, la crisis nos devuelve a la realidad y se impone el esfuerzo racionalizador y reformista.
En efecto, la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Mercado Postal, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión de Regulación Ferroviaria dejan de existir y en sus lugares aparece el supervisor único: la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Se suprimen, pues, ocho organismos. Pasamos de cincuenta y dos consejeros a nueve con una reducción de sueldos que alcanza un buen puñado de millones de euros. Ahora, esperemos que los nuevos consejeros no sean paniaguados o desubicados de los partidos sino personas de acreditada experiencia y conocimientos en materia de regulación pues de lo contrario hasta el remedio podría ser peor que la enfermedad.
El supervisor único es una proyección al ámbito de la regulación económica de la doctrina de la Administración única, común, integrada o sincronizada, como se la quiera denominar, planteada en Galicia a principios de los noventa del siglo pasado por el gobierno de Manuel Fraga con el fin de evitar las duplicidades existentes entre distintos aparatos administrativos. Por aquel entonces el gobierno de Felipe González desautorizó aquellos planteamientos que, tarde o temprano, se impondrían por ser acorde a la naturaleza de las cosas y al sentido común. En 1997 se llevó a cabo la operación racionalizadora desde la óptica de la Administración del Estado quedando pendiente la adecuación de la planta y estructura de las Autonomías y Entes locales al modelo del Estado compuesto español.
Por fin se están analizando las cuestiones relativas a la reforma administrativa desde la perspectiva ciudadana. Durante muchos años los reformadores han estado secuestraos por una dimensión tecnoestructural que ha impedido realmente realizar reformas serias presididas por ese mandato constitucional tan claro: la Administración sirve con objetividad los intereses generales. Ahora, tras esta operación simplificadora en el ámbito de la regulación económica esperamos que se afronte con rigor y sentido común el problema de la estructura institucional de las Autonomías y del necesario replanteamiento del sector público.
Un gobierno como el actual no puede, de ningún modo, seguir alimentando con los impuestos de los españoles, menos en época de crisis, un aparato administrativo tan voluminosos que ha fue diseñado desde una perspectiva estática del Estado de bienestar. Es hora ya de proceder en serio a reducir el tamaño del Estado, de todos los Entes territoriales, con inteligencia, buscando mayor eficacia y eficiencia, sobre todo en la forma en que el autogobierno y la autoadministración pueden mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, hoy ciertamente seriamente limitadas.
El supervisor único es un buen precedente que debiera ir seguido de más practicas reformistas, en el ámbito autonómico y local y, sobre todo, en el sector público, inundado a día de hoy, todavía, por miles de empresas públicas de dudosísima eficacia en las que sobreviven no pocos adeptos y afines a la causa política. Es hora ya, pues, de hacer buena esa máxima del mejor liberalismo: primero las personas, luego las estructuras. O lo que es lo mismo: tanta libertad como sea posible y tanta intervención como sea imprescindible.
*catedrático de derecho administrativo jra@udc.es