MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife
El porcentaje de bajas fraudulentas en España oscila entre el 7% y el 13%, según datos aportados por la mutua Fraternidad-Muprespa. El gasto del Estado por este concepto durante 2010 llegó a los 8.070 millones de euros, de los cuales 2.100 corrieron a cargo de las empresas.
El director de relaciones con la Red de Fraternidad-Muprespa, Julio Santos, destacó éstas y otras cifras durante la jornada sobre los aspectos de la reforma del mercado de trabajo y el papel de la mutua en el control del absentismo laboral que se celebró ayer en la sede de Caja Siete.
Santos reconoció que el absentismo laboral “es un problema serio” que “distorsiona la productividad” de las empresas y organismos públicos. Además, recalcó que, como todos los problemas, “se acentúa en época de crisis”. Una media de un millón de trabajadores al día está de baja, “lo que supone un coste de 64.000 millones de euros: el 6% del PIB”, matizó. Una cifra que calificó de “preocupante” y que achacó al importante “déficit estructural” de la incapacidad temporal (IT). Desde el año 1997, explicó, el Gobierno ha ido modificando las leyes en el sentido de dar más capacidad a las mutuas para controlar las bajas.
La administración “desconfía” de cómo los servicios públicos de salud están gestionando las IT y “han ido introduciendo medidas que dan un mayor protagonismo” a las mutuas. Prueba de ello es la última reforma laboral aprobada por el Gobierno que aboga porque sean las propias mutuas, las que a partir de ahora den las bajas y las altas médicas.
Aún así, Santos insistió en que las mutuas no deben ser una herramienta de la empresa para controlar al trabajador, pero sí deben tener como objetivo el que las bajas duren el tiempo real, “ni más ni menos”. Para Santos, una de las mayores “controversias” en relación con las IT es el hecho de que un organismo dé las bajas y otro las pague. “Un trabajador en activo no debería estar en la misma lista de espera que un jubilado para una resonancia magnética; por el simple hecho de que, el jubilado no le cuesta nada al sistema, pero el trabajador en activo, por un día que pierda, cuesta 57 euros de media”. Para Santos este problema se resolvería si la mutua atiende al trabajador con sus medios o con otros concertados.
Durante la jornada de ayer también participó el magistrado de la Sala de lo Social del TSJC, Antonio Doreste, quien habló de la reforma laboral. En su ponencia, destacó el “fin de los salarios de tramitación”.
Mientras tanto, los sindicatos volvieron ayer a insistir en que el Gobierno es quien “puede desconvocar” la huelga del próximo 29 de marzo. El Ejecutivo, por su parte, admitió que estudiará la propuesta de los sindicatos pero advirtió que no lo hará en una mesa de negociación tripartita, sino en reuniones técnicas.