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Fernando de Llarena > Luis Ortega

Representó a La Palma, y por extensión a Tenerife, en las Cortes Constituyentes de Cádiz, desde el 9 de junio de 1811, cuando fue designado para una responsabilidad que, en principio, había recaído en el cura Díaz Hernández (1774-1863), beneficiado de la Parroquia Matriz del Salvador, brillante orador sagrado y abnegado protector de los pobres, animador de las actividades culturales y decidido partidario de la causa liberal “como única alternativa al absolutismo”, que había llevado a la nación a la ruina y provocado la invasión napoleónica. El sustituto, Fernando de Llarena y Franchy (1779-1861), fue un lagunero, con raíces y propiedades en la Villa Exenta de La Orotava, funcionario de carrera, con varios cargos antes de su acceso a la Jefatura de la Oficina de la Balanza de Comercio, con residencia en Cádiz; juró su cargo el 8 de septiembre del mismo año y se incorporó activamente al último tramo de los debates constitucionales. En la digna representación que ejerció, logró la habilitación del Puerto de la Cruz para el tráfico americano y la creación de las oficinas que, después, se convertirían, en las actuales delegaciones de la hacienda pública. El Señor Díaz -así se le conoce aún en su tierra- fue determinante en su apoyo a Llarena que, cuatro después, casó por poderes con la palmera Manuela Massieu y Tello. Los vergonzantes renuncios de Fernando VII a la Constitución que le restituyó en el trono, apoyado en los sectores más integristas de la nobleza y de un clero beligerante, que nunca acabó de digerir la supresión del Santo Oficio y sus feudales privilegios, unieron a los amigos Díaz y Llarena que, por sus ideas, fueron perseguidos respectivamente y con pareja saña; el primero por el obispo Folgueras y Sión, que “recibido como una bendición, devino en calamidad por su soberbia y por la corte de espías y adulones que estimularon sus arbitrariedades”, y el segundo por un juez prevaricador que, en connivencia con varios ultras, encausó al funcionario “por conspirar para alcanzar la independencia de las islas”. Una y otra arbitrariedad cayeron por su propio peso y mientras las víctimas pasaron a la historia, los verdugos quedaron marcados por el oprobio. Me planteo estas reflexiones al ver juntos, otra vez, en la exposición de La Pepa (Casa de Salazar, de Santa Cruz de La Palma) al recordado sacerdote, inhumado al fin en su templo, y al tinerfeño que firmó la Constitución que sacudió la caspa carpetovetónica y trajo a los oprimidos la libertad con la que soñaron desde su nacimiento.