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Gobierno y Parlamento se equivocan > Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

No resulta fácil nadar contra corriente en el controvertido asunto de las prospecciones petrolíferas. Pero, lisa y llanamente, me niego a aceptar la mayoría de las consideraciones, bienintencionadas pero demagógicas y populistas, que al respecto se suscitaron en el curso del debate celebrado en el Parlamento de Canarias el pasado día 6. Vaya por delante mi respeto por el resultado de la votación -35 votos contra 20- en apoyo de la línea del Gobierno autonómico, por entender que “en estos momentos… no se dan las condiciones de seguridad para que (las prospecciones) se lleven a cabo”.

No pude asistir al debate en cuestión al tener que desplazarme hasta Las Palmas para asistir al programa de TVEC 59 Segundos con el invitado Pedro San Ginés, presidente del Cabildo de Lanzarote, quien, por cierto, mostró una actitud cerril contra las prospecciones y no aportó ni un solo argumento riguroso, salvo el no tosco y ordinario más los habituales tópicos sobre los riesgos potenciales para el medio ambiente. Admito que el problema petrolero es muy sensible para las dos islas más cercanas al continente africano y que en ambas la opinión pública, legítima y mayoritariamente, se opone a la extracción del crudo, lo mismo que las instituciones políticas conejeras y majoreras y colectivos ecologistas y sociales. Pero sería bueno que al menos escucharan otras opiniones distintas y dignas de respeto, según las cuales existen poderosas razones para -con las debidas y severas medidas legales de control medioambiental- seguir adelante con el proyecto. La oposición a las prospecciones por parte de la mayoría de Gobierno y de los partidos minoritarios representados en la cámara legislativa canaria no constituye ningún dogma de fe. Tampoco supone, en mi opinión, una medida racional; por el contrario, puede asemejarse a un ejercicio de irresponsabilidad política porque, ignorando el obligado sentido de Estado exigible a los representantes públicos, aparca los verdaderos intereses de Canarias y de España, que pasan por explotar -si al final se confirman los diagnósticos iniciales- una gran riqueza existente en el subsuelo marino. Los asuntos públicos de relevancia -y la cuestión petrolera lo es- no pueden despacharse con un debate apresurado; precisan estudios documentados y razonados, informes rigurosos y desapasionados, opiniones autorizadas y solventes. Y en todo caso debe imperar el sentido de la responsabilidad y la recta razón, no las conveniencias coyunturales o partidarias. El no porque sí o porque lo digo yo constituye una degradación intolerable de la verdad, una maniobra artera propia de dirigentes apresurados e imprecisos.

Los representantes de los ciudadanos deben dirigir sus objetivos a procurar el bien de la comunidad. Como afirma el profesor Robles Egea en su Presente, pasado y futuro de la democracia, “la existencia de la razón pública en la vida política hace riguroso el discurso y lo acerca a las fuentes de la legitimidad”. ¿Cómo puede Paulino Rivero afirmar con rotundidad, sin pruebas que lo respalden, que las prospecciones ponen en peligro el desarrollo sostenible y medioambiental de Canarias, hipotecan su futuro e influyen negativamente en los ecosistemas marinos protegidos y/o amenazados? Debería saber que, por ejemplo, en el límite mismo del parque nacional de Doñana existen prospecciones de petróleo. Y que en la entrada de la reserva de la biosfera de Urdabay, frente a Bermeo, en Vizcaya, se está extrayendo gas. Y que a unos pocos kilómetros de las playas de Marbella y de otras de la Costa del Sol, en pleno Estrecho, se acaban de conceder permisos petroleros. Por no hablar de plataformas de extracción instaladas frente a playas españolas, portuguesas, mexicanas, norteamericanas o noruegas visibles desde la costa. Todo es cuestión de implantar medidas severas de control y prevención.

Claro que pueden producirse accidentes marítimos eventualmente contaminantes. Algunos están en la memoria de todos, no hace falta recordarlos. Pero son los menos. Las plataformas extractivas y los barcos que operan con igual propósito se obligan a aplicar severísimos planes de protección medioambiental y las modernas tecnologías permiten minimizar los riesgos aunque, obviamente, no suprimirlos. Además, y suponiendo que no se diera el visto bueno a las prospecciones de Repsol, ¿quién garantiza a Canarias que no van a llegar a nuestras aguas eventuales derrames o contaminaciones en alguno de los más de cien permisos de prospecciones petroleras que ha otorgado Marruecos en sus aguas jurisdiccionales, dentro de la mediana que le corresponde? No es lógico anteponer el sambenito del riesgo a las demás consideraciones. ¿Cómo va a dejar de extraerse una riqueza potencial para Canarias y España que, si se confirman los pronósticos iniciales, alcanzaría valores muy superiores a los 50.000 millones de euros? Canarias consume casi 150.000 barriles de petróleo diarios (un barril equivale a 159 litros) -más de 7,5 millones de toneladas al año, de las cuales la refinería de Cepsa aporta 4,5 millones- que se destinan al mercado interior (transporte terrestre, desaladoras, energía eléctrica, barcos interinsulares y aviación regional principalmente) y para el exterior (suministros marítimos y aeronaves).

Las energías limpias serán, qué duda cabe, muy importantes en el futuro y a ellas deben consagrarse todos los esfuerzos, pero hoy por hoy -y previsiblemente en los próximos años- la dependencia canaria del petróleo supera el 97,5%, según datos del Gobierno autonómico. En estas condiciones, renunciar a la extracción del petróleo cercano constituye un disparate económico. Su producción no solo podría aportar, según los cálculos de Repsol, el 13% del consumo total de España, sino que añadiría un ahorro considerable en el pago de divisas, así como en transporte y refinado. Según la misma compañía, sería relativamente fácil llegar a acuerdos para trasladar el crudo a la refinería tinerfeña, propiedad de una firma qatarí, potenciando así sus instalaciones en la Isla. Y se podría hacer lo propio con el gas natural asociado al petróleo en las bolsas detectadas, de modo que pueda utilizarse en la central de ciclo combinado de Granadilla -y lo mismo en las de Gran Canaria- y, luego, en empresas de los polígonos industriales y en viviendas de Santa Cruz, La Laguna, Telde y Las Palmas, adonde está previsto que llegue dicho combustible mediante oleoductos.

¿Está Canarias en condiciones de tirar por la borda una oportunidad tan extraordinaria para aprovechar su petróleo y que éste se constituya en dinamizador de un sector industrial hoy muy precario ya que representa poco más del 3,5% de nuestro PIB? Con la crisis tan tremenda que afecta a España entera, ¿podemos decir no al oro líquido que tenemos aquí, al lado, y optar por un crudo lejano con toda seguridad mucho más costoso para el Erario? ¿Es así como entendemos la solidaridad y el correcto uso de los recursos a nuestro alcance? ¿No sería mucho más inteligente abrirse a un diálogo constructivo con el Gobierno del Estado para que, vía REF en su próxima reforma, o mediante otros procedimientos pactados y aceptados por las dos partes, Canarias reciba justas compensaciones por los riesgos potenciales que asumiría de darse la explotación del tan ansiado petróleo? Es cierto que el turismo supone más del 30% del PIB canario y que se trata de la primera industria isleña, pero, ¿no sería bueno diversificar nuestros recursos?
Personalmente pongo en cuarentena las grandes cifras que desde Repsol se han ofrecido o calculado sobre creación de empleo, construcción de barcos, suministros, etc. a lo largo de los 20 o 25 años que se estima podrían extraerse hidrocarburos. Pero la inversión que adelantó a Paulino Rivero el presidente de Repsol, de más de 9.900 millones de euros -lo que imperativamente debe figurar en el anexo a la solicitud de los permisos presentada ante el Ministerio de Industria-, tiene por sí sola un valor más que relevante y prueba la teórica importancia del yacimiento. Un yacimiento que a mi juicio en modo alguno pone en riesgo la unidad de Canarias, como con cierta ligereza apuntó el jefe del Ejecutivo canario en la cámara legislativa regional. También se equivoca Rivero al dirigirse al presidente Rajoy a través de su blog personal para conminarle a que fije su “posición pública” sobre las prospecciones petrolíferas y en todo caso respete la posición contraria que ha expresado “alto y claro” el Parlamento de Canarias. Supongo que el jefe del Gobierno del Estado está obligado a defender los intereses generales de España, incluso si no coinciden con los deseos de la cámara legislativa canaria, ni con los que expresa el presidente Rivero u otros dirigentes autonómicos. En todo caso, no parece serio incitar al diálogo público a través de un blog, menos aun cuando se usa un lenguaje extravagante. Haría mejor en reclamarle una audiencia, llamarle por teléfono o procurar que se moje en sede parlamentaria con una pregunta de la diputada Ana Oramas.

Lo malo de todo este embrollo, que comenzó fatal por fallo inicial de Repsol y exceso de protagonismo del ministro Soria -en realidad la empresa no ha movido ni un papel sobre las prospecciones desde 2002-, es que las cosas se han hecho con enorme desacierto por parte de todos, incluido el Gobierno autonómico, que no tiene -y bien que lo sabe- competencia alguna sobre el caso. No obstante, lo ha judicializado y amenaza con persistir en la misma línea cuando lo más deseable sería no dar pie a la ruptura de los puentes y columnas que sustentan el edificio del entendimiento entre todas las partes. Con los enormes problemas que tiene por delante, el Gobierno de Canarias no está para echar nada abajo, sino más bien para apuntalar las construcciones ya existentes y fortalecerlas desde el diálogo y la leal colaboración con el Ejecutivo español y con Repsol. Y como sabiamente dice Saavedra Fajardo, un error enmendado hace más seguro el acierto, y a veces conviene haber errado para no errar después más gravemente.