JORGE BETHENCOURT Y FRANCISCO POMARES | Santa Cruz de Tenerife
Antonio Brufau, presidente de Repsol, podría haber calculado mal las cuentas. Sus excelentes relaciones con el Gobierno central y con los populares no van a evitar un frente autonómico concretado en la andanada jurídica que prepara el Gobierno de Canarias. Hablamos de la guerra del petróleo: un enfrentamiento a pecho descubierto entre una comunidad que vive al lado de una mina de oro y que no va a permitir de ninguna manera que la dejen al margen de esa riqueza. Desde Presidencia del Gobierno se ha lanzado la que va a ser la consigna: “Esto no les va a salir gratis”. Y las espadas están en alto. En muy poco tiempo comenzará una pelea que se presume larga, difícil y sin tregua.
Corría el año 2004 cuando la empresa Repsol se llevó el primer batacazo jurídico en su proyecto de explotación de los yacimientos de petróleos existentes en aguas cercanas a Canarias. El Tribunal Supremo, a través de los recursos promovidos básicamente por instituciones públicas gobernadas por los socialistas en Lanzarote, procedió a anular los permisos (de prospección) concedidos por el Gobierno de José María Aznar a la compañía petrolífera. Los trabajos geológicos y geofísicos en el marco de la investigación de hidrocarburos que se llevaban a cabo frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote detectaron, según los datos que se manejan en la actualidad, una cantidad que puede ascender a los mil millones de barriles de petróleo, que al precio actual (sobre unos cien dólares el barril) pueden suponer 80.000 millones de euros, casi dos veces el PIB de Canarias. Y esa estimación no contempla el valor del gas que también puede existir en el yacimiento.
Antecedentes del conflicto
En una sentencia que estimó en parte los recursos de la Agrupación Insular del PSC-PSOE en Lanzarote y del Cabildo de Lanzarote contra el Real Decreto 1462/2001, de 21 de diciembre, por el que se otorgaban a Repsol Investigaciones Petrolíferas los permisos de investigación, se anulaba el referido Real Decreto en la parte correspondiente a los años tercero a sexto de su programa (la parte correspondiente al incio de las perforaciones) El Real Decreto concedía a Repsol, por un periodo de seis años, los permisos para investigar la existencia de hidrocarburos en el lecho marino. El fallo consideró que en el programa de prospecciones presentado por la empresa no se contemplaron las preceptivas medidas de protección medioambiental, sino que se limitaba a presentar el plan de labores de investigación y el programa de inversiones.
El apartado número 3 del artículo 18 de la Ley 34/1988 del Sector de Hidrocarburos obligaba a que el Real Decreto por el que el Gobierno autorizaba las tareas de prospección incluyera de modo preceptivo las “labores de protección medioambiental” a las que queda condicionado el otorgamiento de los permisos. La ausencia de esas medidas ocasionó que el alto tribunal suspendiera la segunda parte del plan de Repsol, que contemplaba unos dos años de adquisición de datos (a través de diferentes técnicas electrónicas) y otra de cuatro años (la que suponía pinchar el suelo marino) que autorizaba a realizar labores de perforación del subsuelo marino así como otros trabajos geológicos y geofísicos. Este tramo fue demolido con la sentencia.
Se retoma el proyecto
Pero el duro revés jurídico no significó, ni mucho menos, que se abandonara un proyecto claramente rentable. Casi una década después, Repsol ha vuelto a mover ficha con otro Gobierno del PP, en este caso el de Mariano Rajoy, para proseguir con el proyecto interrumpido por la sentencia del Tribunal Supremo, subsanando los defectos estimados.
El primer viaje de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno fue realizado a Marruecos. Aunque todas las versiones oficiales lo consideraron un viaje de cortesía, otras fuentes consideran que un asunto de grueso calibre, los yacimientos de petróleo, estuvo en las conversaciones del presidente español y el monarca alauita, Mohamed VI y su gobierno. Unos yacimientos que se encuentran a ambos lados de la teórica mediana que separa las aguas españolas de las marroquíes, que puede “ser pinchado” en localizaciones situadas a un lado y a otro, y que justificaría la creación de una sociedad hispano-marroquí que se encargara de rentabilizar para ambos países (incluso para empresas de ambos países) la comercialización del crudo.
Sin embargo, esa posibilidad, que podría haberse planteado hace algunos años, parece hoy más díficil. Fuentes de Presidencia del Gobierno reconocieron que para el Ejecutivo es un objetivo de enorme trascendencia, al margen incluso de la cuestión del petróleo, “lograr un entendimiento con Marruecos para la fijación de una mediana práctica que evitara conflictos futuros”. Ese entendimiento, en el que se avanzó algo durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, “pudo haberse logrado hace cuatro o cinco años, pero todo indica que hoy va a ser imposible, y la polémica sobre el petróleo va ha hacerlo aún más díficil”. Marruecos, a lo largo de estos años, también ha avanzado en cuestiones menores, pero muy rentables, como los acuerdos de avituallamiento y disposición de mano de obra que pudieran necesitar, en su día, las plataformas de perforación, que se realizaría a través de puertos marroquíes.
En todo este proceso, Canarias ha estado fuera de la escena. Las primeras reacciones de los sectores turísticos de Lanzarote y Fuerteventura, alarmados ante las posibles consecuencias medioambientales que podrían afectar a parte de sus costas, facilitaron que los “entendimientos” políticos y económicos se realizaran en niveles superiores de la administración, focalizados en solventar lo que tanto Gobierno central como Repsol consideraban un posible obstáculo: el acuerdo con las autoridades marroquíes para allanar cualquier conflicto político.
A la ofensiva
Pero la posición de Canarias podría pasar de ser la de un convidado de piedra a adquirir un protagonismo inusitado. Las autoridades de las Islas dan ya como un hecho inevitable que el yacimiento de petróleo vaya a ser explotado. Es posible que durante los primeros meses se pudieran producir actuaciones de grupos ecologistas, capaces de dificultar -en el mar- las tareas de las perforaciones, pero es una guerra que difícilmente se podría ganar a largo plazo. Cien mil millones de dólares de un combustible cada vez más escaso y vital para las economías de todo el planeta (especialmente de los mejores clientes, los países en desarrollo) suponen un tesoro demasiado importante como para suponer que se pueda evitar su explotación comercial. Y si no puedes con tu enemigo, únete a él.
Así que el plan secreto del Gobierno de Canarias está a punto de activarse. Tiene varios frentes y no todos son conocidos en todos los departamentos. El primero es abrir un conflicto de competencias con el Estado. El Gobierno de Canarias pretende plantear ante el Tribunal Constitucional un recurso por medio del que intentará paralizar, con carácter cautelar, el reinicio de las prospecciones.
Expertos jurídicos están trabajando en las argumentaciones -el Gobierno dispone ya del marco de los fundamentos jurídicos- que se elevarán al Constitucional en cuanto el Gobierno autorice y firme la continuidad de los trabajos de Repsol. El artículo 3, epígrafe 2, de la Ley 3/1988 establece que corresponde a la Administración General del Estado “a) Otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación a que se refiere el Título II, cuando afecte al ámbito territorial de más de una Comunidad Autónoma.
Asimismo, otorgar las concesiones de explotación a que se refiere el citado Título de la presente Ley. b) Otorgar autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación en las zonas de subsuelo marino a que se refiere el Título II de la presente ley. Asimismo, otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación cuando su ámbito comprenda a la vez zonas terrestres y del subsuelo marino”. En el epígrafe 3 señala que “corresponde a las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias: c) Otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación a que se refiere el Título II de la presente ley, cuando afecte a su ámbito territorial”.
Objetivo
El segundo frente de batalla, que se dirimirá en los tribunales ordinarios, es más peligroso tanto para Repsol como para el Gobierno central. La Ley 34/1988 del Sector de Hidrocarburos, sobre el hecho de concesión de permisos de investigación y prospección, señala en su artículo 8 que las autorizaciones, permisos y concesiones “serán otorgados de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia y no discriminación”. Es cierto que en el primer Real Decreto (1462/2001, de 21 de diciembre) sólo Repsol había mostrado su interés por realizar las prospecciones.
El permiso de investigación faculta a su titular para investigar, en exclusiva, en la superficie otorgada la existencia de hidrocarburos y de almacenamientos subterráneos para éstos, en las condiciones establecidas en la normativa vigente y en el plan de investigación previamente aprobado. También, el otorgamiento de un permiso de investigación confiere al titular el derecho, en exclusiva, a obtener concesiones de explotación, en cualquier momento del plazo de vigencia del permiso, sobre la misma área, previo cumplimiento de las condiciones a que se refiere el capítulo 3 de la Ley de Hidrocarburos.
La concesión de prospección concede a su titular el aprovechamiento de los recursos descubiertos, bien por extracción de los hidrocarburos, bien por la utilización de las estructuras como almacenamiento subterráneo de cualquier tipo de aquéllos, así como proseguir los trabajos de investigación en el área otorgada. Pero en el artículo 15 de la Ley de Hidrocarburos se establece un aspecto clave: “Los permisos de investigación se otorgarán por el Gobierno o por los órganos de Gobierno de las comunidades autónomas cuando afecte a su ámbito territorial y conferirán el derecho exclusivo de investigar las áreas a que vayan referidas durante un periodo de seis años”. Y se añade que, “con carácter excepcional, este periodo podrá ser prorrogado, a petición del interesado, por un plazo de tres años. El otorgamiento de prórroga supondrá la reducción de la superficie original del permiso en el 50% y estará condicionada al cumplimiento por el titular del permiso de las obligaciones establecidas para el primer periodo de vigencia”.
Estas disposiciones (junto a otras de la propia Ley Hidrocarburos y otra legislación pública) van a constituir el núcleo de la ofensiva del Gobierno de Canarias por la vía del contencioso-administrativo. Lo que se sostiene es que la concesión de los permisos originales, de 2001, está prescrita. Y por lo tanto el Gobierno central tendría que abrir un procedimiento de consulta que garantice lo establecido, entre otros, en el artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos, que establece la posibilidad de ofertas en competencia.
¿Y cuál es el problema? ¿El Gobierno central podría volver a repetir el proceso y darle una nueva concesión a Repsol por seis años? Ciertamente, pero es que el Gobierno de Canarias ha hecho algo más que preparar una bateria de actuaciones jurídicas y políticas.
A lo largo de los últimos meses se han producido conversaciones y contactos con representantes de una importante empresa petrolera a la que se ha planteado la posibilidad de concurrir a la concesión de prospecciones en una sociedad mixta junto a la Administración pública de Canarias. Así que a Repsol le podría surgir un fortísimo competidor que integraría en su sociedad de explotación “el interés público canario”.
Y eso es tan importante porque en la Ley de Hidrocarburos se establece que las empresas que realicen las investigaciones y prospecciones adquieren automáticamente el derecho a la explotación de los yacimientos por un periodo 30 años.
¿Cuál es la empresa que podría asociarse con la Administración pública de Canarias? Ese parece ser el secreto mejor guardado. Algunas fuentes apuntan que sería Cepsa, con quien miembros del Gobierno han tenido frecuentes contactos en los últimos meses. Pero ningún portavoz o fuente de la compañía ha querido confirmar la existencia de un acuerdo avanzado con el Gobierno canario y remiten el contenido de las relaciones con el Gobierno de las Islas a asuntos relacionados con la refinería de Santa Cruz y las negociaciones para una nueva localización fuera del área urbana de Santa Cruz (en marzo hay prevista una nueva serie de contactos). Todo lo más han admitido que la compañía, naturalmente, estaría intresada “en cualquier posible cambio en el escenario” que hasta ahora situaba a Repsol como protagonista única e indiscutible de la exploración y explotación de los recursos situados cerca de Canarias.
Los obstáculos a que sea Cepsa el socio tecnológico que busca el Gobierno canario son importantes. La tecnología que se requiere para realizar perforaciones a profundidades que oscilan entre los 1,5 y los 3 kilómetros sólo está a disposición de unas pocas empresas en el mundo (Repsol es una de ellas). Esa fue una de las razones por las que en 2001 concurrió sola, sin ofertas en competencia, a la adjudicación de las prospecciones. Pero es este caso Cepsa podría articular un oferta con otras empresas con las tecnología adecuada y el propio Gobierno de Canarias, para formar una sociedad mixta de explotación donde cada socio aporte una especialización determinada a la cadena de valor. Fuentes próximas a la compañía aseguran que entre las grandes empresas “no será difícil un acuerdo para repartirse las cuadrículas” (las parcelas) en las que se dividen las áreas del aprovechamiento. Además, añaden que “se está dando por segura la existencia de una bolsa de petróleo, algo que aún es muy precipitado” y que, “aún existiendo petróleo, su explotación podría resultar poco rentable según en qué condiciones se encuentre. Podría ocurrir que fuese más caro el collar que el perro”, añadieron, en abierta contraposición con la conocida declaración del ministro Soria, que aseguró que la bolsa contiene petróleo de gran calidad y muy abundante.
Existe además el precedente de que Cepsa intentó participar en el proyecto del gas en el Archipiélago, pero aceptó apartarse para que finalmente Enagas entrara a participar con el Gobierno de Canarias en Gascan, la empresa mixta que gestionará el oligopolio gasístico en las Islas.
Fuentes de la Presidencia del Gobierno de Canarias sí han reconocido -sin desvelar el nombre de ese socio tecnológico-que el Ejecutivo contempla “la posibilidad” de que una empresa mixta “donde participe el interés público de las Islas” (e incluso capitales empresariales canarios) sea la mejor fórmula para obtener beneficios para Canarias. “Desde dentro es la mejor manera de controlar las garantías de respeto medioambiental y controlar los planes y contingencias de explotación y reposición”, señalaron las citadas fuentes. “El Gobierno podría articular que los beneficios de esa empresa mixta, en la parte canaria, se destinara a fines sociales, con lo que se garantizaría cotas de bienestar nunca conocidas en nuestras Islas”, añadieron las citadas fuentes.
Por parte de la compañía Repsol, su línea argumental para evitar la reapertura del expediente podría ceñirse a lo contemplado en el artículo 35 de la muchas veces citada Ley de Hidrocarburos, que indica textualmente: “(…) Cuando la paralización del expediente o suspensión de trabajos se produzca por causas no imputables al titular, el permiso o concesión se prolongará por el plazo de duración de aquélla”. Repsol podría alegar que la sentencia del Tribunal Supremo de 2001 estaba provocada por defectos de forma en el Real Decreto del Gobierno de Aznar firmado por Rodrigo Rato, actual responsable de Bankia (que no se refería específicamente a los planes de impacto ambiental y medidas correctoras). Pero esto, según nuestras fuentes, ni se sostendría jurídicamente (el Real Decreto se remite al cumplimiento genérico de las disposiciones contempladas en la Ley de Hidrocarburos) ni impedirá que el Gobierno central tenga que reiniciar el proceso de consultas y estudiar las posibles nuevas ofertas en competencia que se presenten. Lo que sí podría es dar lugar a que Repsol planteara reclamaciones indemnizatorias, en lo que desde Presidencia se ha calificado como “un nuevo Tebeto del ministro Soria”.
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Como regalo, nada de nada
La fase de “oposición frontal” por parte del Gobierno y las instituciones canarias a la explotación del petróleo ha pasado, pues, a la historia. “Esa batalla está perdida. Hay que ser realistas y prácticos; si hay petróleo se acabará sacando”. Pero no gratis: “Lo que el pueblo de Canarias no nos perdonaría jamás -aseguró la citada fuente gubernamental- es que dejáramos que toda esa riqueza se explote y que asumamos los riesgos efectivos de esa explotación sin recibir nada a cambio”. Para el Gobierno, lo importante ahora es articular las medidas necesarias para retrasar o bloquear el inicio de las prospecciones, y dejar claro a Repsol y al Estado que “lucharemos con uñas y dientes para que una parte importante del beneficio del petróleo se destine a financiar políticas sociales en las Islas”. La viceconsejera de Energía, Francisca Luengo, ha ido más allá al plantear la posibilidad de que Canarias pueda copiar el modelo noruego, que sostiene un potente Estado de bienestar gracias a los beneficios del petróleo que es extrae en el Mar del Norte.
Unos beneficios muy considerables también en Canarias, si se considera que las estimaciones hablan, sin contemplar la posible existencia de gas, de unas reservas de al menos unos mil millones de barriles, lo que -traducido a dinero- supone más de cien mil millones de dólares en el actual mercado del crudo. En Presidencia del Gobierno de Canarias lo tienen claro: “¿Regalarle eso a la multinacional Repsol a cambio de nada? Desde luego que no. Gratis, de ninguna manera.”
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