Ya está convocada la huelga general y que los dioses de la izquierda le den salud, pero mosquea que los grandes sindicatos se hayan dado tanta prisa. Desde un punto de vista táctico quizás hubiera sido más inteligente posponerla hasta finales de abril o mayo, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy hubiera mostrado sus cartas presupuestarias y todo el mundo -valga decirlo así- se pudiera hacer una idea aproximada de la catástrofe que le espera a la inversión pública y a los servicios sociales en este país sometido a una pauperización patriótica. La razón esgrimida consiste en que si la huelga muestra la suficiente fuerza cualitativa y cuantitativa el Gobierno conservador se asustará y será más proclive a una reforma de su reforma en las Cortes. Se me antoja harto dudoso. El Ejecutivo ha convalidado su decreto en el Congreso de los Diputados con el apoyo de CiU y varios partidetes minoritarios, y esa alianza nueva y eterna refuerza su posición extraordinariamente. No, no van a negociar, si se excluye alguna que otra concesión decorativa graciosamente concedida. Después de ganar en Andalucía -porque alcanzarán la mayoría absoluta- suyos serán durante mucho tiempo el poder y la gloria. Por lo demás sería muy de agradecer que Comisiones Obreras y UGT se explicaran sobre dos puntos concretos. El primero: la imperiosidad necesidad de articular un movimiento sindical a escala europea. Dicho en plata: después del estremecedor ejemplo de lo que ha ocurrido en la torturada Grecia, ninguna huelga de ámbito exclusivamente nacional logrará desencadenar consecuencias políticas prácticas y restituir, siquiera parcialmente, tanto la erosionada legitimidad de las grandes organizaciones sindicales como su valor como instrumentos reivindicativos de intervención pública. Y el consenso sindical europeo al respecto está prácticamente paralizado por la debilidad, los intereses particularistas y el juego político nacional de las fuerzas sindicales del continente. En segundo lugar, los sindicatos deben desarrollar su propia propuesta de reforma del mercado laboral. Porque la reforma es obviamente imprescindible, entre otros objetivos, para superar la dualidad estructural del empleo en España, que perjudica tanto la flexibilidad organizativa y productiva de las empresas como a los propios trabajadores. La reforma del PP no ataca, siquiera lateralmente, este problema central: se limita a consagrar toda facilidad para un despido brutalmente abaratado y a introducir una normativa que determinará un descenso global de los salarios. Los sindicatos mayoritarios, sin embargo, siguen callando: obviando sus concesiones de anteayer y eludiendo una propuesta coherente y responsable. Ambos mutismos no son buenos: para el triunfo de un objetivo sindical, no se diga político, nunca ha bastado con el cansancio, la irritación o la desesperación de la gente.