Estaba cantado: tras pulsar el ambiente revuelto en los centros de trabajo, y la creciente asistencia y participación en las movilizaciones de calentamiento, los sindicatos aprobaron el viernes la convocatoria de una huelga general el próximo 29 de marzo. Formalmente, la huelga se convoca contra la reforma laboral decretada por el Gobierno Rajoy, pero -como ocurre casi siempre- la huelga se plantea porque -a juicio de los sindicatos- se dan las condiciones para que exista un ambiente de rechazo social a la situación que atraviesa el país, y que tiene mucho más que ver con el paro y la crisis que con la letra de la reforma en sí. Es difícil, incluso desde la óptica de quienes ven las cosas o blancas o negras, responsabilizar al Gobierno actual de la situación de crisis. Personalmente creo que tampoco puede culparse de la situación al Gobierno anterior, por más que eso sea hoy lo más sencillo. La crisis económica tiene si origen en una crisis financiera externa, que se agrava en Europa con la crisis de la deuda (pública y privada) y en algunos países europeos – España entre ellos- con la caída en picado de la construcción y el crédito. Frente a todas esas situaciones, los gobiernos han actuado con medidas muy coyunturales, que no siempre responden a patrones ideológicos, y que parecen más destinadas a resolver sus propios problemas de liquidez presupuestaria. El PSOE recurrió a congelar las pensiones, y el PP ha subido los impuestos, demostrando ambos que cuando el dilema es pagar o no pagar los sueldos de los funcionarios la ideología puede verse reducida a una consideración de segundo orden.

Una consideración que sí se aplica cuando se trata del corral ajeno: el Gobierno del PP ha optado por una reforma laboral que no va a crear empleo -de hecho, va a contribuir a destruirlo- pero que limita el daño económico que los despidos causan a las empresas. Entre proteger a los empleados o mantener con recursos el tejido empresarial, el Gobierno ha optado por salvar lo que considera más importante para una posterior reactivación de la economía. Es una decisión ideológica, que uno desearía ver aplicar al PP con la misma contundencia también en los asuntos que afectan a la necesidad de recortar la administración y al gasto público, especialmente en el gasto que supone la superestructura política. Pero es más difícil bajarse el sueldo uno mismo que facilitar el despido de otro. Comprendo por eso la reacción sindical, y sospecho que la huelga será un éxito. Un éxito que no va a arreglar nada.