ROMÁN DELGADO | Santa Cruz de Tenerife

El último trabajo demoscópico que ha encargado la Fundación Fiasep refleja con manifiesta claridad cuáles son los problemas gordos de la Administración pública española, en todos sus ámbitos de actuación, y esto lo consigue a través de la difusión de los resultados de la encuesta Observatorio de la Transparencia de las Cuentas Públicas 2011, en cuyo trabajo técnico se muestra, en uno de sus dos apartados básicos de análisis, la opinión de los ciudadanos, en general, acerca de los entes públicos.

La conclusión alcanzada es meridianamente clara: los españoles no tienen la mejor opinión sobre las instituciones públicas, al menos en el capítulo relacionado con cómo éstas se gestionan.

Tal y como se recoge en el Observatorio 2011 de Fiasep (fundación en la que están representados los órganos de control externo -entre ellos, la Audiencia de Cuentas de Canarias-, la Intervención General del Estado, las intervenciones generales autonómicas, la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, el Colegio Nacional de Interventores, Secretarios y Tesoreros de Administración Local, la Asociación de Profesores Universitarios de Contabilidad y dos corporaciones que representan a los auditores en España, el Registro de Economistas Auditores del Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España), casi el 90% de los encuestados para el sondeo asegura que las administraciones públicas no gastan el dinero que está en sus presupuestos con eficiencia. Pero no sólo esto, sino que además casi el 60% de los entrevistados tiene muy claro que los entes públicos cuentan con malos gestores. Es más, el trabajo técnico señalado, a la pregunta de “cómo puntuaría a los cargos públicos como gestores”, arroja el siguiente resultado: nadie da sobresaliente, el 8% apuesta por el notable, el 34% por el aprobado raspado y el 57% por el suspenso. Luego hay un 1% que dice que no sabe, o bien no contesta. En el otro caso, el de la eficiencia de la Administración pública, el desenlace es mucho más dramático. La muestra, al interrogante planteado de ¿considera que el dinero de los presupuestos de las administraciones públicas se gasta con eficiencia?, subraya varias cosas relevantes: que casi todo el mundo piensa que el criterio de eficiencia en las instituciones públicas brilla por su ausencia, con el 87% de los encuestados que aluden a que no existe o es escaso, mientras que el 13% es el porcentaje que representa a los entrevistados que sí piensan que es “mucha” y “bastante” la eficiencia.

En otros apartados, como los de gastos y el destino de éstos, los entrevistados mantienen un elevado espíritu crítico, que se puede resumir en la petición casi unánime de que hay que hacer las cosas mejor.

Las conclusiones principales del Observatorio sobre la Transparencia de las Cuentas Públicas (Observatorio 2011) no pueden ser más reveladoras: sólo el 11% de las cuentas de los 22.000 entes públicos españoles son auditadas y, quizás por ello, el 70% de los ciudadanos preguntados en este sondeo, con consultas realizadas en el último cuatrimestre del año 2011, cree que el control externo de las cuentas públicas es hoy insuficiente, a lo que hay que unir, y esto no es menos importante, que el 87% piensa que se gasta en la Administración pública con poca eficiencia.

También hay otras conclusiones relevantes, como la necesidad manifestada acerca de la promulgación de una ley de auditoría del sector público, apreciación que coincide con las propuestas realizadas en congresos nacionales de auditoría pública y que han sido acogidas de forma explícita por la Fundación Fiasep. Ésta ha llegado a proponer iniciativas legislativas en este mismo sentido.

En efecto, entre las opiniones reflejadas en el barómetro, se encuentra que el 83% de los ciudadanos considera necesario que las cuentas de las entidades públicas se auditen anualmente, dado que, de esta forma, la información que en ellas se plasma será más fiable. Pero, para ello, es necesario que legalmente sea obligatoria la realización de la auditoría en las cuentas públicas, dado que en estos momentos se auditan las cuentas por quienes tienen atribuida esa competencia: las instituciones de control externo o los órganos de control interno, que suelen contar con escasos medios para ello.

Componentes

El estudio mencionado, que ha sido realizado durante el último cuatrimestre de 2011 y que se llama Observatorio sobre la Transparencia de las Cuentas Públicas, tiene dos componentes:

-El barómetro de la opinión pública sobre la transparencia, eficacia y la buena gestión del gasto público.

-Y el indicador del nivel de utilización de la auditoría externa para el control de las cuentas públicas.

Respecto a la parte de barómetro, desarrollada por la empresa de estudios de opinión CIES, hay que decir que tiene los siguientes objetivos específicos a medir en los tres ámbitos administrativos: central, autonómico y municipal:

-Opinión sobre el grado de suficiencia de la información que reciben los ciudadanos de las administraciones y entes públicos, y si ésta es fiable.

-Opinión sobre la importancia para el ciudadano de la auditoría externa de las cuentas públicas, así como el nivel de conocimiento de los informes emitidos por las instituciones de control externo estatal y autonómicas, entre ellas la Audiencia de Cuentas de Canarias.

-Opinión sobre la eficacia del gasto, tanto en la adecuación de su volumen como si las finalidades recogen la voluntad de los ciudadanos acerca del buen uso que se da a los fondos públicos, es decir, opinión sobre la buena gestión y la corrupción.

El otro componente, el indicador, es una investigación realizada por un equipo dirigido por la profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Leonor Mora Agudo, y se plantea como finalidad cuantificar el grado de transparencia efectiva de las cuentas en la totalidad de los entes públicos de la Administración central, comunidades autónomas y corporaciones locales. El indicador (en ya su segunda edición) muestra qué porcentaje representa, sobre el total existente, los entes públicos que someten sus cuentas a auditoría anual.

El motivo actual por el que en España no son auditadas la totalidad de las cuentas anuales de los entes públicos tiene que ver con que la legislación nacional no regula como obligatoria esa auditoría (a diferencia de la obligación que establece la ley de auditoría para las empresas de determinado tamaño o circunstancia).

Por ello, salvo las grandes empresas mercantiles públicas que están obligadas por la citada ley de auditoría a su control externo anual, el resto de las entidades del sector público sólo se auditan por decisión voluntaria de sus órganos de gobierno o mediante las actuaciones previstas en sus respectivos planes por el Tribunal de Cuentas y sus equivalentes en las comunidades, esto es, los órganos de control externo, que, en el caso de las Islas, es la Audiencia de Cuentas de Canarias, con Rafael Medina como presidente en funciones.

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Islas con premio

La Audiencia de Cuentas de Canarias recibió a finales del año pasado el Premio a las Buenas Prácticas en Auditoría y Transparencia, galardón que todos los años entrega la Fundación Fiasep (Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público). Según el fallo del jurado, el órgano auditor canario recibe esa distinción por la “implantación de la norma de calidad ISO 9001:2008, con la que se acredita y garantiza la calidad y eficacia de la actividad de auditoría en la institución” que hoy dirige, como presidente en funciones, Rafael Medina Jáber. La Fundación Fiasep creó en 2009 este premio, que tiene como finalidad el reconocimiento y la difusión de las mejores prácticas en el ámbito de la auditoría pública y la transparencia de la información hacia los ciudadanos. Junto al primer premio, obtenido por la institución canaria, destaca el primer accésit concedido a la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General del Estado (IGAE), por su “modelo de coordinación del sistema de auditorías públicas que realiza la IGAE sobre el sistema portuario”. El segundo accésit recayó en la Diputación de Granada por la “aprobación de un reglamento de control interno”.

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Más información: www.fundacionfiasep.org