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La guerra del petróleo > Francisco Pomares

La autorización por el Consejo de Ministros de las prospecciones petrolíferas ha provocado el rechazo instantáneo y frontal del Gobierno de Canarias y de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, las dos islas que más pueden verse afectadas por las prospecciones, en el caso de que lleguen a producirse vertidos importantes. El Gobierno de Rivero ha anunciado ya la inmediata puesta en marcha de acciones legales -probablemente ante el tribunal de lo Contencioso-administrativo y el Constitucional- para paralizar la decisión del Gobierno Rajoy, mientras que el PSOE advierte además de que movilizará a los ayuntamientos e instituciones de Canarias en una respuesta contra la autorización, para hacer patente la crisis institucional abierta por la decisión del Consejo de Ministros.

En esta región no aprendemos de los errores pasados: ahora el debate sobre la procedencia e interés de las prospecciones irá subiendo de tono hasta convertirse en el tradicional todo o nada, en el que lo de menos son los argumentos. La verdadera posición del Gobierno de Canarias -obtener compensaciones para las islas de la posible explotación de los yacimientos- quedará sepultada bajo una gigantesca cadena de sinrazones, y las extracciones serán convertidas por el Gobierno de Canarias y las instituciones de las islas en una afrenta política contra los ciudadanos isleños, ese “trato colonial” al que se ha referido ya Paulino Rivero, impidiendo cualquier posibilidad de racionalizar el debate sobre el petróleo y convirtiéndolo no en una cuestión de cabeza sino de sentimientos.

Hay motivos para que esa estrategia funcione y cale en la población: lo cierto es que la afrenta se ha producido: se ha producido cuando el Gobierno de Rajoy autorizó las prospecciones rompiendo cualquier posibilidad de entente institucional. No creo que haya sido una torpeza de Soria forzar y precipitar las cosas: me temo que una guerra política declarada era lo que en realidad querían todos. Lo quería Soria, que ha convertido este asunto de las autorizaciones a Repsol en una demostración de su propio peso ante Rajoy, arrastrando al Gobierno del PP a un irreversible enfrentamiento con la mayoría de las instituciones canarias que Soria lleva alimentando desde su nombramiento como ministro. Y lo quería también Rivero, que encuentra en este asunto de la imposición de Madrid a Canarias el argumento preciso y contundente que necesitaba para dotar de contenido político una etapa de su administración plagada de grisuras, y en la que la crisis no le deja demasiadas opciones de tener un discurso creíble. Ahora lo tiene todo: discurso, razones, y el apoyo del PSOE aquí y en Madrid. La guerra esta servida. Y me temo que no traerá nada bueno.