José Domingo Gómez

La ley de mediación (II) > José Domingo Gómez

La Ley dedica su Título II a los principios informadores de la mediación determinando como tales la voluntariedad y la libre disposición en el sentido de que nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento ni a concluir un acuerdo. Asimismo se señalan la igualdad de las partes como garantía de la existencia de la igualdad de oportunidades, la neutralidad en el sentido de que sean las mismas partes las que puedan alcanzar el acuerdo y la confidencialidad no solo en el aspecto de no poder revelar la información que contenga el procedimiento sino también que tanto los mediadores como las restantes personas que participen en la mediación están excusados de declarar o aportar documentos en un procedimiento judicial o en un arbitraje salvo cuando ambas partes lo acepten expresamente o el juez mediante resolución motivada en procedimiento penal lo ordene.

Igualmente este Título II dedica un apartado a la intervención de las partes permitiendo que sean estas de mutuo acuerdo las que organicen como tiene que desarrollarse la mediación, exigiéndoles buena fe y respeto mutuo, y prohibiéndoles interponer recíprocamente ninguna acción judicial o extrajudicial mientras se esté tramitando la mediación, para señalar finalmente que los tribunales no pueden conocer de los asuntos sometidos a mediación mientras esta se esté tramitando y terminar exhortando a las partes a prestarse colaboración y dar apoyo permanente al mediador debiendo mantener en palabras de la norma “la adecuada deferencia hacia su actividad”.

Entre las reflexiones que se pueden entresacar de este Título II y que en cierto modo pueden llevar exactamente a lo contrario de lo que pretende la Ley, es decir que las partes no se sometan a mediación, es, por ejemplo, la prohibición de declarar y aportar documentación en el procedimiento judicial o de arbitraje a las personas que participen en el procedimiento de mediación salvo que medie acuerdo expreso de las partes. La lógica pregunta que surge es que si alguna o algunas de esas personas son técnicos que han intervenido en la cuestión controvertida, por ejemplo arquitectos o ingenieros, pueden ser considerados “personas que han participado en el procedimiento de mediación” lo que impediría que pudiera proponérseles como testigos o peritos en el proceso judicial o de arbitraje, cuestión esta que entendemos que en su momento llevará a que nuestros tribunales tendrán que pronunciarse respecto a que “clase de personas” se refiere este apartado de la Ley.

José Domingo Gómez
Gómez-Toledo Abogados Hispajuris
Área de Derecho Civil
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