La respuesta de Soria a las renovables se hace esperar

B. A. | Santa Cruz de Tenerife

La respuesta del ministro de Turismo, Industria y Energía, José Manuel Soria, al sector afectado en las Islas por la supresión de las primas a las energías renovables y la concreción de la fecha para la reunión con la consejera autonómica en la materia, Margarita Ramos se hacen esperar.

Hace una semana, Margarita Ramos valoraba la intención de Soria de reunirse con la responsable autonómica pero informó de que, por problemas de agenda, no se había podido concretar la fecha.

La misma respuesta que ofrecieron ayer los servicios de comunicación de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, aunque fuentes próximas a este departamento autonómico aseguraban que la reunión no será hasta finales de este mes de marzo.

Un compás de espera que, a la Asociación Canaria de Energía Renovable, se le está haciendo incomprensible, sobre todo, por el tiempo transcurrido desde que el titular ministerial aseguró que las Islas tendrán un tratamiento singular en un conflicto que el Gobierno de Canarias amenaza también con llevarlo al Tribunal Constitucional.

El presidente de la asociación anteriormente citada, Enrique Rodríguez de Azero, lamentaba ayer que supieran de “las intenciones (de Soria) de boca, pero aún desconocemos el cómo y el cuándo”.

La preocupación crece a medida que el silencio de José Manuel Soria se prolonga en un sector del que dependen 500 empleos directos, mientras 11.150 millones de euros de inversión esperan a plasmarse en proyectos.

Sin olvidar que los planteamientos más recientes expresados al respecto por el responsable ministerial, que datan del pasado sábado, cuando dijo que las primas a la generación de este tipo de energía ya no son tan necesarias como hace una década por el avance tecnológico y la reducción de los costes producidos para su implantación.

José Manuel Soria insistió en que tiene por finalidad no infrautilizar ningún tipo de fuente energética que haya en España sino limitar la tasa del déficit tarifario anual, que es creciente y oscilante entre los 4.000 y 5.000 millones de euros.