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Lamentable> Leopoldo Fernández

Parece haber terminado el conflicto producido en el seno de la ULL tras la sanción impuesta ayer por el rector a una docena de alumnos afiliados a AMEC, todos menos uno miembros del claustro: para nueve, restricción de presentarse a una convocatoria en junio; para dos, dos convocatorias en junio y julio; y para otro, no poder leer la tesis doctoral en los próximos tres meses. Ninguno perderá curso académico, ni su condición de claustral, y todos podrán seguir utilizando los servicios y las instalaciones docentes. La cosa deviene de febrero de 2011, cuando la Junta de Facultad de Psicología se dirigió a los Servicios de Inspección de la Universidad al considerarse afectada por “ofensa grave de palabra u obra a compañero, funcionario y personal dependiente del centro”, así como de “falta de probidad” cuando desde la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC), el grupo de mayor implantación en la ULL, se acusó a dicho centro de actuar negligentemente en la tramitación de 300 solicitudes de becas. Entre falsedades, dimes y diretes e insultos al rector, que a mi juicio ha actuado con probidad y hasta con generosidad, los ánimos se encendieron durante meses, quizás un tanto exageradamente por parte de todos. Pero lo que no podía ocurrir es que, sin que los estudiantes rectificaran sus palabras por falta de pruebas, la autoridad quedara en entredicho. En apoyo de su causa, representantes de AMEC visitaron hace unos días a los responsables educativos de los grupos del Parlamento canario. Y éstos pidieron luego al rector que reconsiderase la apertura de los expedientes -“un castigo desproporcionado”, venían a decir-, ya que AMEC nunca quiso atacar a personas o instituciones y lamentaba haber herido algunas sensibilidades. Tiene razón el rector: este asunto no debió salir del ámbito universitario, pero es peor aún que los parlamentarios faltasen a su obligada neutralidad, a la exigencia ética de contrastar la versión recibida con la de la autoridad académica y a no inmiscuirse en la autonomía del centro docente regional. Los estudiantes se quejan de indefensión y de que se les aplique el Reglamento de Disciplina Académica de 1954, anticuado y de corte franquista. Pero, ¿qué les pedían a los estudiantes expedientados dicha Junta y el propio rector para evitar las sanciones? Algo por lo visto inalcanzable: que reconocieran su error, aunque actuaran de buena fe, y se disculparan por ello. ¿Había fórmula más sencilla para resolver un problema complejo y enquistado? ¿Será verdad entonces aquello del clásico de que hay una falsa modestia que es vanidad y una falsa grandeza que es prudencia?