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Lo que tenía que pasar > Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

Pasó lo que tenía que pasar. Lo que algunos observadores percibíamos que sucedería. La decisión quizás se ha precipitado unos días, o acaso unas semanas, pero nadie en su sano juicio político podía esperar otra cosa que no fuera la autorización de las prospecciones petrolíferas en aguas canarias. Es una lástima que se llegara a esta coyuntura sin el deseable consenso institucional entre los gobiernos estatal y canario; pero desde un principio se escenificó una especie de pelea de gallos entre el presidente autonómico y el ministro de Industria, Energía y Turismo, lo que, en una escalada verbal sin precedentes, elevó la temperatura política e hizo inviable cualquier intento de acuerdo por la vía del diálogo, hasta desembocar en la unilateralidad y la imposición.

Así que ya tenemos un conflicto que podía haberse evitado a poco que las partes involucradas hubieran intentado rebajar las hostilidades y ceder en las posiciones más irreductibles. En defensa de lo que entiende como intereses generales del país, ya que el petróleo está considerado producto estratégico, el Gobierno central ha optado, a instancias de la empresa operadora Repsol, por reactivar los permisos administrativos para los sondeos petrolíferos en aguas jurisdiccionales españolas -a unos 60 kilómetros de las costas conejeras y majoreras-, una vez subsanados los defectos advertidos en su día en materia medioambiental; defectos que llevaron al Tribunal Supremo a anular, por denuncia de las instituciones lanzaroteñas, los programas de investigación previstos.
Repsol dispone ahora de tres meses para presentar el correspondiente plan de labores y la exhaustiva documentación que se le exige en materia de evaluación y protección ambiental, sin cuya aprobación previa por las autoridades no podrá iniciar las prospecciones petroleras. A estos requisitos se podrían añadir otros en el futuro sobre protección de recursos marinos vivos y actuaciones en materia de seguridad, conforme a la legislación nacional e internacional vigentes, y es aquí donde Canarias debe de ser exigente en aras de la mejor política preventiva posible.

Las alegaciones canarias en trámite de audiencia, formuladas hace un par de semanas por las autoridades, principalmente los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, no han sido tenidas en cuenta por el Gobierno central, como tampoco el parecer del Ejecutivo autonómico, el Parlamento regional y diversos ayuntamientos y colectivos sociales opuestos a las prospecciones. De ahí que el Gobierno de Canarias y los cabildos de las dos islas más cercanas a las prospecciones hayan anunciado recursos ante los tribunales contra el real decreto que el viernes aprobó el Consejo de Ministros. Además de los daños potenciales que pueden ocasionar las prospecciones, en unos casos se argumentará la invasión de competencias de la comunidad autónoma y de varias zonas de especial protección y en otros la ilegalidad de que no decayera en su día el real decreto que otorgó los permisos de exploración a Repsol, Woodsite y RWE.

Resulta comprensible que las autoridades canarias traten de hacer valer sus derechos en defensa de los intereses legítimos de las Islas. Pero, a partir de ahí, comienzas las discrepancias y las conveniencias. Por ejemplo, no se defienden tales intereses cuando se anteponen consideraciones partidarias y coyunturales de oportunismo político -como hacen CC y PSOE en razón de sus próximos congresos en Canarias, como ya he dejado escrito- a posibles grandes beneficios económicos. O cuando se cambia radicalmente de opinión y hoy se dice no cuando ayer se defendía un ‘sí’ incondicional, como hace el Partido Socialista y, en otro nivel, la propia CC, mientras el empresariado y otros partidos reclaman sensatez y realismo para “no volver a la edad de piedra”, según afirma la CCE. Pero con ser lamentable tanta frivolidad y falta de coherencia -también desde altas instancias de CC y PSOE se apuntan cosas en privado que en público se rechazan-, me parecen más significativas, por su grave ligereza, las afirmaciones del presidente Rivero en el sentido de que el Consejo de Ministros trata a Canarias “como si fuera una colonia perdida en el Atlántico”. Y que las prospecciones se han autorizado “por el capricho de favorecer a Repsol… (y) beneficiar a una empresa privada…, una multinacional”. Y que se “trata de un atropello” porque “se está jugando con el futuro de los canarios… ante lo que éstos no pueden arrodillarse”.

Tengo a Paulino Rivero por persona cabal y moderada, comedida en sus juicios y con probado sentido de Estado, como todo gobernante que se precie. Pero su perorata del viernes por la tarde en Puerto del Rosario, para escenificar con los presidentes Cabrera y San Ginés una reacción institucional contraria a las prospecciones, fue mucho más allá de la justa indignación o del comprensible cabreo. El presidente Rivero se pasó tres pueblos con unas afirmaciones lenguaraces y dialécticamente incendiarias. Con esa verborrea resulta imposible su entendimiento con ninguna autoridad estatal. Como propugna la vieja sabiduría china, antes que una calentura verbal y destemplada, es preferible soportar un pequeño disgusto para evitar otro mayor. Y es que la prudencia y la mesura hacen ver las cosas y juzgarlas rectamente, según son y pueden ser, que decía Alfonso X el Sabio; pero cuando se habla arrebatadamente, se pierden la compostura, el buen tino y hasta la razón.

Doy por sentado, porque pensar lo contrario se me antoja un despropósito, que Rivero quiere lo mejor para Canarias. Pero creo también que ni el Gobierno de España ni su ministro Soria desean ningún mal. Pasa que en este asunto de las prospecciones se ha producido un encontrón de tomo y lomo con posturas exaltadas y radicalizadas . Y me da la impresión de que el Ejecutivo autonómico, quizás sin calcular bien las consecuencias, se ha dejado llevar a un terreno pantanoso del que le va a resultar difícil salir a menos de que busque la deseable colaboración con el Gobierno del Estado.

Guste o no guste, es al Ejecutivo nacional, y sólo a él, a quien compete autorizar las prospecciones. Afirmar lo contrario es como negar la existencia misma del sol. Y judicializar el asunto constituiría un craso error político porque alargaría innecesariamente el conflicto y dejaría a Canarias en una posición de debilidad en su diálogo con el Ejecutivo central en momentos en que necesita a éste más que nunca para la revisión del REF, la mejora de la financiación autonómica, la modificación del Estatuto y tantos otros proyectos destacados. El Gobierno Rajoy considera que las prospecciones no constituyen un riesgo más allá de lo normal. Y argumenta la existencia de plataformas petrolíferas frente a playas peninsulares españolas (en zonas protegidas, reservas de la biosfera y parques nacionales), norteamericanas, mejicanas, noruegas, británicas, del Golfo Pérsico, etc., sin que se resienta el turismo o se ponga en peligro la vida marina. Naturalmente, obliga al consorcio capitaneado por Repsol a fijar unas medidas medioambientales suficientemente severas; pero no parece sensato condicionar la explotación de una gran riqueza potencial como es el petróleo ante la posibilidad indeterminada de que se pueda producir un vertido a 60 kilómetros de las costas, cuando Marruecos trabaja en una zona próxima y las corrientes marinas son incluso más peligrosas para los intereses de las Islas. Gobernar es elegir y defender los intereses generales. No se trata de perjudicar a unas islas y beneficiar a una firma privada, sino de cumplir y hacer cumplir la ley. En otro caso, el Gobierno central podría incurrir en prevaricación o, cuando menos, en dejación de responsabilidades. Además, cree, como creemos otros muchos de buena fe, que a Canarias le puede beneficiar, y mucho, la extracción del petróleo.

A su vez el llamado oro negro puede actuar, si se confirman las reservas, como punta de lanza reactivadora de un alicaído sector industrial, potenciando a la vez las actividades de sus principales puertos y de la refinería chicharrera, además de resolver el abastecimiento de gasolinas y del gas natural. Por no hablar del ahorro en el pago de divisas, el abaratamiento de costos en el transporte del crudo y de los más de mil millones de euros que ingresaría anualmente la Hacienda española por el Impuesto de Sociedades y la cuota petrolera que debería aportar Repsol a las arcas públicas. Es en este último punto en el que las autoridades canarias deberían hacer hincapié para poder obtener unas compensaciones económicas razonables. Y a ello están dispuestos, porque así lo han explicitado, tanto Repsol como el Gobierno central. En estas condiciones, propiciar el encontronazo y la vía judicial parecen una temeridad para la deseable solución del problema. Baste recordar lo que pasó con el Plan Ibarretxe. Y con el Estatuto de Cataluña. Y con el trasvase Tajo-Segura. Y con la OTAN. Y con tantas otras cuestiones discutidas y discutibles que -casi siempre porque una cosa es la autonomía y otra la soberanía- tuvieron que pasar por las horcas caudinas del Gobierno o del Parlamento español.

Lo que sí es exigible en cualquier circunstancia es que las actuaciones gubernamentales se muevan en el terreno de las consideraciones objetivas. Hoy por hoy, turismo y petróleo son perfectamente compatibles, a condición de que se extremen las medidas de prevención. Lo que atenta contra Canarias sí sería el dislate de dejar egoístamente las cosas como están teniendo a la puerta de casa un recurso energético vital para las Islas -del que éstas dependen en el 97,5%-, para su sector turístico y también para el Reino de España.