TINERFE FUMERO | SANTA CRUZ DE TENERIFE
Menores internos en el centro para aquellos a los que se les han impuesto medidas judiciales de Valle Tabares confirmaron al fiscal de menores provincial, Manuel Campos, el abandono en que se encuentra el mismo, tal y como evidencian las carencias que sufre, según datos facilitados por vías extraoficiales y confirmados por el propio representante del Ministerio Público. Según detalló el propio Campos en la tarde de ayer a este periódico, “es verdad que me hablaron de problemas relacionados con la comida, la falta de material didáctico o de agua caliente, entre otras cosas”. Igualmente, el fiscal también confirmó que personal educativo también se quejó de que no contaba con un mínimo de material, tanto en aulas como en talleres.
Tales protestas fueron efectuadas a Campos durante el transcurso de un registro efectuado el pasado jueves en el centro en cuestión, en el que el fiscal estuvo acompañado de las titulares de los juzgados de menores de la capital.
Iniciativa judicial
Precisamente, Campos aclaró ayer a este periódico que dicha inspección a fondo del centro se realizó en el marco de un expediente gubernativo abierto en el juzgado de menores número 2 de Santa Cruz de Tenerife tras las denuncias periodísticas que ha abanderado DIARIO DE AVISOS y otras informaciones que, a través de particulares, se han recopilado tanto en el juzgado como en la propia Fiscalía provincial de Menores.
Además, el representante del Ministerio Público explicó que fue el juzgado y no la Dirección General del Menor o la del propio centro el que decidió llevar a cabo el registro, en el que participaron seis policías nacionales y el guardia civil encargado de los dos perros adiestrados.
Cuestionado por las tres furgonas del Cuerpo Nacional de Policía, Campos dijo que esas furgonas y los policías que iban en ellas no participaron en la inspección propiamente dicha, sino que se quedaron al pie de la colina en cuya cima se ubica el centro como “medida preventiva” adoptada por los mandos policiales por si surgiera alguna complicación durante el servicio.
Durante el registro, según las fuentes extraoficiales, el fiscal interrogó a nueve menores del módulo 5 y a otro del 6, así como habitaciones de internos, taquillas y hubo un cacheo integral.
Las mismas fuentes desvelaron que los policías se mostraron muy activos a la hora de realizar un reportaje gráfico de las instalaciones, y que particularmente se emplearon a fondo en el módulo tres bajo, que sufrió daños al inundarse cuando el huracán Delta pasó cerca de Canarias y que al parecer aún presenta grietas considerables.
De cualquier modo, Campos quiso mandar un mensaje de calma “a quienes pretenden manipular a los menores” e insistió en que “se trabaja de forma continua para que el centro cuente con los medios que requiere, y precisamente por eso se llevan a cabo acciones como la apertura del expediente o la inspección del otro día, que tienen carácter periódico”.
Los problemas
Sobre las carencias del centro, Campos explicó que se trabaja continuamente “para detectarlas y arreglarlas, como por ejemplo lo del agua caliente, un tema de hace tres semanas que se solucionó pero, como en cualquier comunidad de vecinos, si se duchan a la vez no llega a todos”.
En cuanto a fugas, el fiscal confirmó que en la actualidad hay dos chicos huidos, un mayor y un menor, así como que dos de ellos se largaron a los carnavales sin permiso, para volver a medianoche en un taxi.
Por último, Campos reflexionó sobre el modelo actual: “Se habla del Gobierno, pero la responsabilidad es, fundamentalmente, de la Fundación IDEO”.
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Restos de droga
El fiscal de Menores provincial, Manuel Campos, detalló ayer a este periódico que, además de las carencias detectadas, durante la redada (él considera más adecuado el término inspección) sólo se encontraron indicios de que allí hubo drogas, al marcar los perros adiestrados desplazados por la Guardia Civil algunos puntos del centro de Valle Tabares, pero no pinchos ni teléfonos móviles, como apuntaron en su día fuentes extraoficiales. Además, Campos señaló que, si bien la acción llevada a cabo la semana pasada se enmarca en el expediente abierto a raíz de las denuncias de DIARIO DE AVISOS y de particulares, este tipo de acciones son habituales y se practican treinta al año, aproximadamente.
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