Nacionalistas y socialistas piden incluir la fiscalidad ambiental

B. A. | Santa Cruz de Tenerife

Los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno de Canarias han solicitado que se introduzcan criterios medioambientales en la fiscalidad justo cuando la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad empieza a cerrar las distintas opciones existentes para generar ingresos destinados a equilibrar la pérdida de financiación en los presupuestos estatales, que se aprobarán el próximo 30 de marzo.

Los cálculos más pesimistas, sobre las afecciones de las decisiones del Gobierno de Mariano Rajoy barajadas por algunos miembros del Ejecutivo regional, hablan de que se puede llegar a perder unos 400 millones de euros.

Las fórmulas estudiadas para suplir esta merma de fondos son dos. La primera implica endeudar más a la Comunidad Autónoma y la segunda actuar sobre la estructura tributaria de las Islas.

La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad estima que la capacidad para acudir al endeudamiento está limitada pero que, en el mejor de los casos, se pueden llegar a conseguir unos 200 millones de euros, en el actual ejercicio económico.

Con respecto a la posibilidad de subir los impuestos, en principio se decarta actuar sobre el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) después de la decisión de Rajoy. Un aumento del IRPF que, según el Ejecutivo canario, ha sido la principal causa de que la recaudación del Impuesto General Indirecto (IGIC) haya caído un 42%, en los dos primeros meses del año. El impuesto sobre el Patrimonio tampoco lidera la lista de los tributos susceptibles de ser modificados al alza. Ha sido restablecido en 2012, con carácter temporal, y se prevé que ingrese unos 23 millones de euros en las arcas autonómicas.

El restablecimiento del impuesto de Sucesiones y Donaciones, sin embargo, es una opción que tiene muchas posibilidades de hacerse realidad aunque es insuficiente. En el mejor de los casos, se calcula que su potencial recaudatorio rondará los 60 millones de euros.

La tarifas del impuesto sobre Combustibles es, como el anterior, una de las opciones planteadas para tener mas fondos.

Según los presupuestos autonómicos del año 2012, los impuestos especiales sobre los combustibles derivados del petróleo generan unos 209 millones de euros. En la memoria de los beneficios fiscales de estos presupuestos se recoge que hay unas exenciones, en el tributo de los combustibles, por lo que se deja de recaudar 10,7 millones de euros. Una de las propuestas realizadas este año por Comisiones Obreras pasa porque se elimine la bonificación del 30% del impuesto sobre Combustibles.

Pero además, la consejería se ha fijado en las experiencias de otras regiones, como Madrid, Galicia y Cataluña, entre otras, relacionadas con el aumento del tramo autonómico sobre la venta de hidrocarburos.

El motivo es que los rendimientos de este impuesto quedan afectados a la financiación de gastos de naturaleza sanitaria, lo que se conoce como el céntimo sanitario. Podría ser una alternativa al rechazo gubernamental del copago sanitario. Comisiones Obreras también propuso que se analizara un canon medioambiental determinado por el uso del territorio.

Ahora los grupos parlamentarios, que sustentan al Ejecutivo, piden que se incluyan criterios medioambientales en la fiscalidad.

Todo ello sin descartar la reestructuración de los tipos del IGIC.