El Gobierno de Canarias, a través de su médium habitual, Martín Marrero, ha asegurado que rechaza la implantación del copago sanitario porque hasta el momento no ha sido necesario. Es una expresión magistral que demuestra lo mucho que ha aprendido el señor Marrero desde sus ya lejanos tiempos de voluntariosa carpintería periodística. Se rechaza contundentemente el copago, por supuesto, pero solo mientras dura el presente, y el presente es tan fugaz que acaba en todo momento. Vamos a continuar con los trucos de prestidigitación verbal hasta todo quede inundado por lo catástrofe venidera, y quizás entonces el portavoz del Gobierno deberá ofrecer sus ruedas de prensa rodeado de policía antidisturbios y con un casco blindándole la cabeza lo que, sin duda, abre nuevas oportunidades a la comunicación política en tiempos de crisis.
La hipótesis a la que se niegan a enfrentarse, respondiendo con evasivas agónicas o invocaciones abstractas pronto se precipitará como una realidad brutal. Es muy sencilla. ¿Qué ocurrirá si en los presupuestos generales del Estado Canarias sufre un recorte de 500 o 600 millones de euros? Unos 600 millones de euros, aproximadamente, es la espeluznante cifra que manejan, tiritando, las confederaciones empresariales y las cámaras de comercio del Archipiélago. Exprimiendo los recursos fiscales propios (IGIC, combustibles, tabaco, reposición del impuesto de sucesiones) tal vez puedan obtenerse 150 millones de euros en un horizonte muy optimista. Quedan por amputar cerca de 500 millones de euros, más de un 8,5% de los presupuestos generales de la Comunidad autonómica para 2011, lo que implica, irremediablemente, una afectación severa de los servicios sociales y asistenciales de las administraciones públicas, y en especial, de los sistemas sanitario y educativo. Cierre de ambulatorios, centros de salud, quirófanos y consultas externas; cierre de escuelas y centros de formación profesional; extinción de empresas públicas y despido de laborales e interinos; decretazo para rebajar los salarios del sector público entre un 5% y un 10% antes del próximo otoño; y aun así, resulta harto dudoso que sea suficiente. Si la situación económica y social actual es singularmente grave a partir del verano Canarias puede encontrarse en una situación que pondrá en riesgo la cohesión social y la propia supervivencia de un sistema político e institucional que se dejará la piel de la legitimidad en este accidente perpetrado contra todos. El otro día la consejera Margarita Ramos respondía que esta situación apocalíptica, sencillamente, no puede llegar porque no sería admisible. Igual que los niños que cierran los ojos para no ver la oscuridad.