Nuestros políticos son perfectamente capaces de explicarnos que un medicamento genérico es igual de eficiente y presta iguales servicios que uno de marca, solo que resulta mucho más barato. En la mayoría de los casos es así (no en todos, por supuesto). Pero resulta incomprensible que esta misma filosofía no se aplique al parque de vehículos oficiales, donde un modesto Opel Corsa o un Ford Fiesta puede desempeñar las mismas funciones que los grandes vehículos de lujo con chófer oficial que utilizan los cargos públicos en sus desplazamientos.
Esto es así porque los principios que se aplica el pastor no son los mismos que impone al rebaño. Las administraciones públicas no son iguales que los ciudadanos ni están sometidas a las mismas obligaciones. El sistema se preserva y se protege a sí mismo con medidas parciales que otorgan privilegios frente a sus contribuyentes.
Por eso, porque es un mundo aparte, se puede sostener que las oficinas de representación de comunidades autónomas en el exterior cuesten más de 50 millones de euros cada año; que más de sesenta diputados con residencia habitual en Madrid pero que se han presentado por otras provincias, cobren sin problema 1.800 euros mensuales por gastos de alojamiento; que una compañía aérea como Spanair echase el cierre después de recibir 150 millones de dinero público; que exista un patrimonio de 55.0000 locales y fincas de la administración pública y sin embargo se paguen más de cien millones al año en alquileres, sólo en la administración central… Y así podríamos seguir en una lista interminable.
El recorte que el Gobierno central ha impuesto a las autonomías parece innegociable. Así que quedan dos caminos para asumirlo. O lo paga el sector público o lo pagamos nosotros. Si el zarpazo alcanza servicios sanitarios y educativos, como ya viene ocurriendo, estaremos recibiendo peores prestaciones por lo que pagamos. Pero si además nos obligan a eso que llaman copago (en realidad volver a pagar por algo que ya pagamos) seremos cornudos y además apaleados. En estos años de la crisis, las autonomías crearon más de doscientos mil nuevos empleos mientras en el sector privado cerraban miles de empresas y se marchaban al paro más de dos millones y medio de trabajadores. Ahora que les exigen recortes en sus gastos, lo último que deberían hacer es seguir exprimiendo a los ciudadanos. Pero ya verán que subirán tasas e impuestos. Cualquier cosa antes que recortarse ellos mismos.
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