VICENTE PÉREZ | El Rosario

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario aseguró ayer que no era su responsabilidad, sino del Ayuntamiento de El Rosario, controlar si el agua de mar de Radazul Bajo era apta para el baño durante los días de febrero, al menos diez, que duró el vertido de aguas fecales pretratadas que salieron por un aliviadero de pluviales a 15 metros de profundidad debido al taponamiento del emisario submarino, de la que no se avisó a los bañistas.

Según publicó ayer este diario, el edil de Servicios, Manuel Martín, declaró que no hubo contaminación para los usuarios de esta costa porque Salud Pública, de haber detectado anomalías, lo habría advertido al Consistorio y éste a la población.

Pero la Dirección General negó ayer de forma tajante este hecho, al señalar no sólo que desconocía este vertido sino que “la vigilancia y control sanitario de las playas es competencia básica de los ayuntamientos, que tienen la obligación de establecer cuantas medidas de protección de la salud sean necesarias y el deber legal de informar inmediatamente a la autoridad sanitaria cuando se producen situaciones inesperadas que pueden afectar a la salud de las personas”. En un comunicado, Salud Pública aclara que únicamente “supervisa la situación sanitaria de las playas incluidas en el censo nacional de zonas de aguas de baño durante la temporada de baño asignada a cada una de ellas” y “son generalmente los ayuntamientos los que solicitan qué playas y en qué periodo quieren que se efectúe su vigilancia y control dentro del programa autonómico, si bien la Dirección General puede incluir en el censo las que se prevea que puedan bañarse un número importante de personas”.

“Algunas playas”, añade, “las supervisa este organismo entre el 1 de marzo al 30 de noviembre, es decir, en Temporada Baja y otras se supervisan, como la playa de Radazul, en el periodo, entre el 1 de junio al 30 de septiembre, es decir, en Temporada Corta”.

Por tanto, según enfatiza este organismo, del incidente de Radazul “Salud Pública no ha sido advertida, máxime cuando nos encontramos fuera de la temporada de baño y no se han iniciado aún las inspecciones periódicas del programa autonómico”. En todo caso, estas inspecciones, cuando toca hacerlas, “son un complemento y un apoyo a los controles propios que debe efectuar cada ayuntamiento”. La Dirección General insiste en que “cuando un ayuntamiento tiene conocimiento de un riesgo para la salud, tiene la obligación legal de establecer las medidas de protección que sean necesarias, máxime en un tema como éste en que el accidente ha sido producido por el vertido de aguas residuales a través de un aliviadero de pluviales del que el Ayuntamiento tenía conocimiento desde febrero”.

Circunstancia excepcional

La situación ocurrida en Radazul, de la que Salud Pública se enteró por la prensa, “tiene la consideración en el Real Decreto 1341/2007 de “circunstancia excepcional”, por lo que, según esta normativa, “la autoridad competente, en este caso el ayuntamiento, velará para que se adopten las medidas de gestión necesarias y adecuadas, e informará inmediatamente a la autoridad sanitaria a fin de que evalúe el riesgo para los bañistas”.

El grupo municipal de IR-Verdes, primero, y luego Coalición Canaria, han criticado que el gobierno local no informara a la población. IR-Verdes pedirá además conocer en qué análisis del agua se basó el Ayuntamiento para concluir que esta era apta para el baño durante el vertido.