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Segundo centenario de ‘La Pepa’ > Antonio Alarcó

Los inicios del Siglo XIX fueron una etapa complicada para una España dividida, que afrontaba la invasión de los ejércitos napoleónicos y sus secuelas. Las ideas liberales que llegan desde Francia, vistas con agrado por una parte de la población, venían acompañadas de nuevas autoridades que no eran comúnmente aceptadas. Tras el alzamiento de Madrid de 1808, se van generando diversas Juntas a modo de resistencia por todo el país, que terminan por confluir en una Junta Central Suprema establecida en la capital.
Afrontaron no pocas vicisitudes hasta se formalizaron como Cortes de forma definitiva en Cádiz, en 1810.

Los más de trescientos miembros de aquel primigenio Parlamento, que incluía a representantes de las colonias, se plantearon las bases de lo que habría ser el futuro de España, que se debatía entre dos opciones, restaurar la monarquía absoluta, o bien promulgar una nueva Constitución, posibilidad que finalmente se asumió como la más apropiada. Promulgada por las Cortes Generales el 19 de marzo de 1812 en Cádiz, día de la festividad de San José, y popularmente conocida con el nombre de La Pepa, fue la primera Constitución que tuvo España, y también una de las más liberales de su tiempo.

Compuesta de diez títulos y 384 artículos, que la convierten en la más extensa de nuestra historia, la Carta Magna de 1812 es el primer código político afín al constitucionalismo europeo contemporáneo, de tono revolucionario e innovador en sus preceptos, que establecía la soberanía nacional y la división de poderes, como dos de sus principios fundamentales. Huía, en todo caso, del rígido legalismo francés, por lo que el texto, aunque armónico, es sumamente prolijo y carece de un título dedicado a derechos y libertades, que están diseminados por todo su articulado.

Aspectos que hoy resultan tan normales como la libertad individual, la libertad de prensa, o la inviolabilidad del propio domicilio, se planteaban como totalmente transgresores para la España del XIX, que tenía muy reciente el recuerdo de una Monarquía Absoluta y el periodo de dominio francés. Terminaron por inspirar incluso las constituciones de las repúblicas que fueron independizándose durante todo el siglo en América. Instauraba el sufragio universal masculino indirecto, la soberanía nacional, la monarquía constitucional, la separación de poderes, y la libertad de imprenta. Además, acordaba el reparto de tierras y la libertad de industria.

Es de justicia recordar que canarios como Santiago Key Muñoz (Tenerife), Antonio José Ruiz de Padrón (Gomera), y Pedro José Gordillo y Ramos (Gran Canaria), estuvieron entre los primeros parlamentarios que debatieron y aprobaron aquella Carta Magna. Ya el Pleno del Ayuntamiento de Icod de Los Vinos aprobó por unanimidad una moción propuesta por el Grupo Municipal del Partido Popular, dirigida a rendir homenaje a la figura de Santiago Key Muñoz, ilustre vecino del municipio que participó en la elaboración de la Constitución de Cádiz de 1812, y bueno sería que recordásemos en más instituciones a aquellos primeros diputados isleños. Descendiente de irlandeses, nació en la Ciudad del Drago el 24 de julio de 1772. Era presbítero, y había estudiado Leyes y Cánones en la Universidad de Sevilla, donde se doctoró en 1806. Fue elegido diputado el 9 de julio de 1811 por Canarias, llegó a ser Vicepresidente de las Cortes y Secretario, el 24 de septiembre de 1812.

Participó en los debates sobre las condiciones de  rentas de los diputados y fue uno de los 90 canónicos que participaron en las Cortes de Cádiz. Solicitó, junto con Ruiz de Padrón, un obispado para Tenerife al que estarían adscritas las Islas de Tenerife, El Hierro, La Palma y Gomera.

Redactor de la Constitución, con la Reacción Absolutista de 1814 fue también uno de los firmantes del Manifiesto de los Persas. Con la llegada del Trienio Liberal fue Rector de la Universidad de Sevilla, ciudad en la que murió el 16 de julio de 1821. Tanto él, como Ruiz de Padrón o Gordillo y Ramos, contribuyeron a la redacción de La Pepa, cuyos principios básicos están hoy tan arraigados en nuestro pensamiento jurídico, que parece increíble que en otro momento fueran revolucionarios y supusieran un verdadero avance en materia de libertades. Apenas tuvo seis años de vigencia intermitente, pero la Constitución de 1812 es ya un mito democrático en España, que impactó en los orígenes parlamentarios de los Estados que surgieron en aquella época en Latinoamérica, y transcendió a toda la legislación europea del momento.

Antonio Alarcó es Portavoz del Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife y senador por la Isla