Es una de las grandes asignaturas pendientes de la democracia española. La que le puede imprimir un grado de calidad y avance, en línea con las más grandes y consagradas democracias occidentales. Me refiero a la Ley de Transparencia, norma estudiada actualmente por el Consejo de Ministros y que pretende convertir al súbdito en ciudadano al reconocer a éste un protagonismo y una participación esenciales para la vida pública. Con la futura ley, Gobierno e instituciones todas quedan comprometidos para que, salvo causas muy justificadas -referidas a cuestionen que afecten a la intimidad personal y a razones de seguridad-, se abran puertas y ventanas en las administraciones y actividades públicas para general conocimiento. El Poder y los ciudadanos establecerán un canal de comunicación -para empezar, una web única de altos vuelos y ámbito estatal- para que por él circulen las informaciones y los conocimientos sobre actividades hasta ahora vedadas al ciudadano de a pie. Por ejemplo, el conocimiento de los contratos de carácter público. Y el de las subvenciones que se otorgan, incluido el porqué de las mismas. Y los sueldos de los gestores y funcionarios. Y los conflictos de intereses. Y tantos y tantos detalles que, si se cumplen las declaraciones gubernamentales, pondrán al país patas arriba a la hora de acabar con opacidades, tapujos, corrupciones, disimulos y todo aquello que revela falta de transparencia y verdad. Tengo algunas reservas, más que nada por desconocimiento del alcance final del proyecto del PP, pero si solo se cumplen las expectativas que ha despertado, España se va a convertir en un país serio en el que todas las administraciones y sociedades públicas -hasta las más insignificantes- deberán exprimir sus interioridades y facilitar toda la información a su alcance más las que demanden los ciudadanos. Así, por las buenas. Por ley. Y luego, los políticos habrán de atenerse a unas normas comunes sobre sueldos, dietas, objetivos presupuestarios, cumplimiento de los topes de deuda, etc., desde principios de buena fe, no discriminación, imparcialidad y ética efectiva. Así lo viene exigiendo una organización modélica, la ONG Transparencia Internacional, que cada año nos canta las cuarenta y nos deja en ridículo ante la comunidad internacional por no disponer de una política de Gobierno abierto ni de sus consiguientes modelos de transparencia y libre acceso a la información oficial. Con todas estas premisas, los defraudadores e incumplidores hasta podrán ser procesados, destituidos y mandados a su casa o a la cárcel si delinquen o se saltan las normas. ¿Qué pensarán de todo esto en el sombrío Parlamento de Canarias?