Primera: en una economía como la que tenemos es un error que los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, dispongan de determinadas competencias en urbanismo. Las razones son muchas. Una de ellas: más allá de los límites municipales sobre los que actúa el equipo de gobierno también hay vida inteligente. Separar muchas veces un pueblo con una divisoria imaginaria alimenta e incentiva pensar de forma parcelada algo que no lo es.

Otro motivo es que las corporaciones pequeñas no están técnica, económica ni psicológicamente preparadas para entrar a negociar operaciones de, por ejemplo, un plan parcial de 30 viviendas, sin caer en la paradoja -y el peligro- de que muchas veces se negocia mirando hacia arriba con agentes privados cuya capacidad económica supera en varios múltiplos el presupuesto municipal. A nadie debe extrañar la generalización del estereotipo de sospecha de corruptelas que se cierne sobre los departamentos técnicos, dadas estas marcadas asimetrías.

Una cosa es gestionar la basura y otra el urbanismo del municipio. Uno de los dos incide sobre un bien estratégico de interés regional. En demasiadas ocasiones el uso de la potestad de otorgar licencias de obra mayor -y su concomitante y oneroso impuesto- ha sido utilizado para resolver un problema de estrechez de liquidez real de las arcas municipales, no para crear oportunidades de inversión más sofisticadas, mejoras de productividad de los recursos públicos (calles, colegios, centros de salud, luminarias públicas…) y de los recursos privados (tendido eléctrico, comercio minorista, ocio, banca, telecomunicaciones, etc.). Prueba de ello es la tremenda dispersión geográfica de viviendas en una isla como Tenerife, haciendo que por cada metro de construcción sea necesario invertir en infraestructura pública más euros de lo necesario y forzando a la empresa privada a un mayor coste por euro de venta (y sustrayéndolo de otras actuaciones más interesantes, como inversión en nuevos productos y servicios).

Todavía más tensión se le ha introducido al asunto cuando el ladrillo ha sido el principal agente dinamizador de la economía de buena parte de España en los últimos veinte años. Es como darle a un niño el cuchillo para que corte el bacalao. Los ayuntamientos pequeños no estaban -ni están- preparados para manejar tanto dinero. Segunda cuestión: rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades en el futuro. España ha superado en renta per cápita a Italia, está entre las diez economía más importantes del mundo y, sin embargo, la sociedad de la información se sigue viendo como algo lejano. Irlanda, con una población que apenas llega al triple de Canarias, protagonizó un milagro al transformar su economía.

Ejemplos más cercanos pueden ser ayuntamientos como el de Barcelona o Madrid, que apuestan con sus comunidades autónomas por centros de investigación destinando partidas relevantes de sus presupuestos a sabiendas del efecto arrastre de empleo que generará y de lo rentable de la fórmula, pues saben que un centro de investigación por cada quince millones de euros invertidos en infraestructura científica (edificio, equipos…) se pueden generar trescientos puestos de trabajos de alta cualificación, captación del exterior de varios millones de euros al año en proyectos, autofinanciación del centro, prestigio institucional, generación de patentes y atracción de capital y empresas en alta tecnología.

Dicho en otras palabras: independientemente de que el suelo urbanizable se acabe o no, la clase de empleo creado en los últimos veinte años vinculado al dinamismo de la construcción no es del tipo que se busca para la economía del conocimiento. Además creemos que uno de los principales empleadores de personal cualificado de los noventa y lo que va del nuevo milenio en Canarias ha sido la administración pública, por las necesidades de nuevas plazas de empleo público merced a las transferencias competenciales y financieras desde el Gobierno del Estado. Y eso no cambiará demasiado.

Si bien por una parte la capacidad de las empresas locales para absorber personal cualificado en este cambio de ciclo económico es probable que esté bastante más limitada de lo que suele estar, durante los próximos años si hay crecimiento neto de empleo cualificado éste vendrá de la mano del sector público.

Por esto, si una de las claves de poder desplazar algo el centro de gravedad de la economía canaria del ladrillo hacia el cerebro radica en la creación de empleo de personal cualificado capaz de toparse con oportunidades para (desde la modestia) innovar, habrá que preguntarse cómo una todavía mayor creación de empleo público o cuasi-público puede conducir a ello; asunto éste, dicho sea de paso, es un nudo gordiano que tiene atribulado a todo el Gobierno del Estado y no solo a estos volcanes desde donde escribimos.

Tercera cuestión, el tamaño cuenta. Si hay un nuevo elemento que entra en juego en estos tiempos para estas islas, parece ser que es el tamaño. La entrada en la senda de la competitividad moderna (entendiendo ésta como elevados niveles de productividad especializada) obliga a repensar las escalas de las cosas. Habría que seguir a Descartes proponer la duda metódica en relación al tamaño que tienen diversas instituciones, ¿tienen sentido las administraciones públicas excesivamente pequeñas?, ¿es buena la dispersión y fragmentación empresarial?; ¿podrá sacar la cabeza del agua un centro de investigación compuesto por no menos de treinta laboratorios?

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