FRAN DOMÍNGUEZ| Santa Cruz de Tenerife
Un alumno de Secundaria del sur de Tenerife ha sido condenado por un delito de atentado y lesiones al agredir físicamente a su profesora mientras ésta llevaba a cabo labores de vigilancia durante una actividad extraescolar organizada por el centro educativo en el que desempeñaba su labor, en unos hechos que se remontan al año 2010.
La sentencia fue emitida el pasado 25 de enero por el Juzgado de Menores número 1 de Santa Cruz de Tenerife, y fue hecha pública ayer por el sindicato Anpe Canarias, que ha llevado la defensa legal de esta profesora a través de sus servicios jurídicos tras denunciar la docente la agresión en el servicio de El Defensor del Profesor, programa puesto en marcha desde 2008 y que el curso pasado asistió a 117 profesores (65 de ellos por conflictos relacionados con alumnos).
Más autoridad docente
El joven, que según manifestó Anpe Canarias ha pedido perdón públicamente, deberá cumplir como condena cuatro meses de trabajos socioeducativos para aprender a la resolución de conflictos y controlar los impulsos. El sindicato también subrayó que por expreso deseo de la profesora la condena no ha ido a más y tampoco habrá sanción económica (que recaería en los padres o tutores del joven como responsables subsidiarios de sus actos). A juicio de Pedro Crespo, presidente de Anpe Canarias, este fallo judicial, el primero que logra este sindicato como asesor jurídico en casos de esta índole, viene a reforzar al profesorado como autoridad pública en el ejercicio de su función. Crespo puso de relieve que su organización aprovechará que participará en la Comisión Parlamentaria de Educación para impulsar por “este camino” el Proyecto de Ley de Autoridad del Profesor, una de sus viejas demandas.
La sentencia presentada ayer por Anpe Canarias, y que ha discurrido por la vía penal, se une a otras dos impulsadas por el sindicato Docentes de Canarias-Insucan y que llevan el sello de “firmes”.
La primera de ellas, emitida por la Audiencia Provincial de Las Palmas, y desvelada en diciembre de 2010, venía a condenar a una alumna menor de edad por dar un puñetazo a una profesora del IES Teror (Gran Canaria); mientras que la segunda tuvo que ver, en este caso, con una madre que agredió, también en el sur de Tenerife, a una docente (era, además, la directora del centro), si bien finalmente no llegó a ingresar en la cárcel.
Desde Docentes de Canarias-Insucan, Ernesto Perera, uno de sus portavoces, remarca que este tipo de sentencias tiene un “carácter ejemplarizante” para que los padres sean conscientes de lo que puede pasar si se producen este tipo de hechos lamentables.
Sobre el protocolo de actuación acerca de agresiones a docentes que ha implementado el Gobierno de Canarias, Perera señala que algo se ha mejorado, pero falta aún por dar una cobertura adecuada a algunos aspectos como la atención psicológica a profesores y un mayor respaldo y compromiso con los profesores que denuncian estos casos.