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Vecinos de Santa Lucía critican que el Ayuntamiento les denuncie por la usurpación de las viviendas

AGENCIAS | Santa Cruz

Los vecinos del núcleo de Santa Lucía, en Güímar que han sido denunciados por su propio Ayuntamiento por la ocupación que han hecho de sus viviendas, trasladarán al Parlamento Europeo la situación de indefensión en la que se encuentran, tal y como ha indicado este lunes en rueda de prensa el abogado José Luis Langa González.

Para Langa González, quien también es el representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, “esta situación que acaba de producirse es kafkiana, pues el ayuntamiento, que debería proteger a sus vecinos los denuncia”.

En rueda de prensa junto al representante de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, el presidente de los vecinos del barrio de San Lucía recordó que el uso de cuevas en esa zona de Güímar, entre La Caleta y el Tablao, comenzó en 1912, cuando de la parte alta del pueblo comenzaron a bajar para pescar.

Las primeras viviendas se construyeron en 1973, años en el que se llevó al lugar la imagen de Santa Lucía y José Antonio Herrera preguntó dónde estaban las autoridades para impedir las edificaciones.

En 1983 había 64 personas empadronadas en Santa Lucía y en 1997 se llevó el agua, mientras que en la actualidad hay 70 viviendas, de las que 40 están afectadas por la denuncia del Ayuntamiento de Güímar.

La denuncia municipal contra cinco vecinos ha llegado después de que en 2011 se produjesen desprendimientos de rocas, por lo que los vecinos fueron desalojados con la “promesa” de que volverían una vez que se resolvieran los problemas. Sin embargo, esto regresarios a sus viviendas, toda vez que llevan fuera de ellas cerca de dos años por el peligro de posibles derrumbes sin que el Ayuntamiento de Güímar haya realizado las obras de mejora que les prometieron en su momento, según ha explicado el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Lucía, José Antonio Herrera.

Herrera ha indicado que estos vecinos han vuelto a sus viviendas porque consideran que ya no hay peligro “pues les habían dicho que se había subsanado parte del derrumbe” porque no existían ya vallas que las protegían y, sobre todo, “porque ya no podían estar más tiempo pagándose otra casa para vivir, dado que el Ayuntamiento prometió cubrir los gastos y sin embargo, a los treinta días mandó una carta explicando que ya no podrían pagar nada y que había que buscarse la vida”, ha explicado el presidente de los vecinos.

Un grupo de vecinos fue alojado en una casa rural y el Ayuntamiento dijo que pagaría los alquileres el tiempo que fuese necesario, afirmó José Luis Langa, quien responsabilizó de lo sucedido al alcalde, Rafael Yanes. Y añadió que un tiempo después el alcalde dijo que no había dinero y que los vecinos tenían que “buscarse la vida”.

José Antonio Herrera, criticó que la corporación municipal les haya denunciado por presunta usurpación de las viviendas, mientras que, añadió, sí existen para pagar impuestos como los de basura, contribución y vados de garaje.

Ante la vuelta a sus viviendas, el Ayuntamiento presenta una denuncia contra estos vecinos que ahora deberán declarar como imputados el próximo 26 de abril por supuestos casos de “usurpación”, ha matizado el letrado Langa.

Herrera ha aclarado también que las viviendas de Santa Lucía existen desde 1973, y que desde mediados de 1990 ya cuentan con todas las condiciones de saneamiento y alumbrado como cualquier otro barrio, por lo que ahora no entienden que se les quiera “echar” de sus casas y se les notifique “con un número”. “Para cobrar los impuestos municipales sí que existimos para el Ayuntamiento”, ha dicho.


Ayudas económicas

En estos momentos, los vecinos de Santa Lucía siguen en sus casas y están a la espera de saber qué ocurrirá tras la comparecencia ante el juzgado en el mes de abril, mientras paralelamente están en contacto con el Parlamento Europeo para conocer sus derechos y, sobre todo, las posibles ayudas económicas que existen para estos casos ya que si el Ayuntamiento no las pide, las pedirán ellos mismos.

Por su parte, Langa González ha explicado que respecto a la modificación de la Ley de Costas anunciada por el ministro Arias Cañete, el Parlamento Europeo ha creado una comisión para estudiar estas modificaciones y está a la espera de que España se las envíe.