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Y parió la abuela > Mario Santana

Si le digo que los bancos no dan ni los buenos días, no le caerá de sorpresa. Pero si además le cuento que en ocasiones vienen otros a meter palitos en las ruedas, entonces me dirá usted que eso ya es crueldad. Y eso es lo que ocurre, en ocasiones, con la inclusión de los datos de una persona en el Registro de Impagados. Se trata de una especie de club privado al que sus socios van aportando los datos de sus respectivos deudores, para conocimiento interno. Y para que no se le preste ni un duro, vamos. En realidad es un mecanismo de defensa frente a los deudores. Hasta ahí, bien. El problema surge cuando el socio le comunica a su club que el tal fulanito le debe, y no es cierto. Tremenda puntada (acción de pasar la aguja a través del tejido. Usted me entiende). Llegando incluso a ser una gran puntada (pinchazo producido por asta de toro) cuando de una pyme o autónomo se trata. Vamos, que no ve líneas de crédito ni en sueños.

Precisamente, por los devastadores efectos que puede tener la inclusión de los datos de una persona en un Registro de Morosos, existen determinadas cautelas de ineludible observancia. El artículo 18.4 de la Constitución Española establece que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. El precepto fue objeto de desarrollo por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y de Protección de Datos (LOPD), y su Reglamento de 2007. Esta normativa exige que la recogida y el tratamiento de datos de carácter personal y su inclusión en ficheros debe obedecer a los principios de “veracidad, proporcionalidad, pertinencia y prudencia”. Es lo que se ha venido a llamar “calidad de los datos” (artículo 4 de la LOPD). Por tanto, cuando los datos sean inexactos, deben ser inmediatamente cancelados. En otras palabras, cuando se incluya a una persona como morosa sin serlo, o sin serlo en la forma que figura inscrita, deberá cancelarse inmediatamente la inscripción dudosa.

A tales efectos, el Registro de Morosos deberá comunicar al afectado la inclusión de sus datos (artículo 6 de la LOPD), y ofrecerle el derecho de rectificación o cancelación que, en su caso, deberá hacerse efectivo en diez días. Es frecuente que el afectado reciba la comunicación de un Registro de Impagados y, o bien no entienda lo que se le comunica, o entienda que es una comunicación “oficial” contra la que no cabe protesta. Nada más lejos de la realidad. Se trata de una comunicación realizada por una entidad o club privado, susceptible de ser cancelada de inmediato si así lo ordena el agraviado. Recomiendo que la orden de cancelación se realice por algún medio que deje constancia de la comunicación, como un simple burofax certificado con acuse de recibo.

En cualquier caso, los datos han estado en el registro un tiempo, al menos desde su inclusión hasta su cancelación por orden del afectado. Y esa permanencia en el fichero puede haber ocasionado serios daños al afectado. Aunque después se cancelen, existe un daño cierto, porque otras entidades han podido tener acceso a esos datos hasta su cancelación. Y ahora viene lo bueno: la mera inclusión errónea genera un perjuicio. Y ese perjuicio exige una indemnización. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo en sentencias, entre otras, de 5 de julio de 2004 o de 7 de marzo de 2006. Y es que ante la falta de flujo crediticio, solo faltaba que vinieran a ponerlo más difícil. Vamos, que como éramos pocos, parió la abuela.

Mario Santana
Letrado / abogado@mariosantana.es