JOSÉ LUIS CÁMARA | Santa Cruz de Tenerife

Con 38 años, y después de cinco casada, María -nombre ficticio dado para preservar su intimidad-, había cumplido el sueño de ser madre. Su concepción no había sido fácil, ya que unos problemas de tiroides habían retrasado su deseo de tener un hijo. Sin embargo, ese día había llegado, y junto a su pareja estaba ya inmersa en los preparativos para recibir a su primer vástago.

Justo cuando se iban a cumplir las siete semanas de gestación, y coincidiendo con un viaje a Las Palmas, María comenzó a sentirse mal y empezó a sangrar. Por eso, y después de consultar con su médico de cabecera, el pasado 19 de marzo acudió a las Urgencias ginecológicas del Hospital Insular Materno-Infantil de la capital grancanaria. Una vez allí, la joven empezó un peregrinar asistencial y administrativo que, todavía hoy, no ha finalizado. “En la puerta, una doctora me dijo que el procedimiento que había seguido para llegar allí no era el correcto, y que no me podían atender. Les dije que me había mandado mi médico, que está en Tenerife, porque estaba embarazada y estaba manchando”, expone al DIARIO.

En Urgencias, y a pesar de contar con la tarjeta sanitaria del Servicio Canario de Salud (SCS), le pidieron un volante que, por razones obvias, no tenía, ya que éste sólo se puede conseguir en el centro de salud asignado. Para lograrlo, María tenía que haber regresado al Puerto de la Cruz, el municipio en el que reside. “Después de mucho insistir, y a la vista de mi estado, me hicieron el favor de atenderme”, subraya.

“Me vio una médico residente y una estudiante de quinto de carrera. Una vez me hicieron la ecografía, llamaron al médico de guardia, que fue el que firmó el informe”. Éste, al que ha tenido acceso este periódico, señala que la paciente tenía “sangrado vaginal escaso”, así como una “gestación incipiente vs aborto completo”, algo que no aclaraba la prueba que le realizaron. “Mi sangrado vaginal no era escaso, y aún así sólo me aconsejaron reposo y me dijeron que podía marcharme”, expone María.

A pesar de continuar con muchos dolores y sin dejar de manchar, la joven regresó a Tenerife. “Guardé reposo, pero a última hora de la tarde del día 20 fui a Urgencias del Centro de Atención Especializada (CAE) de Puerto de la Cruz, porque presentaba un sangrado importante. Allí me remitieron a la clínica Hospiten Bellevue, donde me ingresaron de urgencia”, arguye María, quien asegura que varias enfermeras del propio Hospital Insular le dijeron que no entendían cómo no la habían dejado ingresada.

Al día siguiente le hicieron otra ecografía y, como no se observaba nada, le realizaron la llamada prueba Beta, para saber si había embarazo ectópico. Cuatro días después, una doctora le confirmó que había abortado de manera espontánea. “Me sentí desamparada y engañada, porque me había costado mucho quedarme embarazada”, denota María, que está convencida de que la “mala praxis” y una “posible negligencia” provocaron la pérdida de su bebé. Por ello, la joven ha presentado una reclamación en la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, por lo que cree un “cúmulo de desatenciones e imprecisiones que supusieron una pérdida gestacional dolorosísima”.

[apunte]Dos años esperando unos resultados

Aunque pueda llegar a parecer surrealista, los problemas de María con la sanidad canaria vienen de lejos. De hecho, la joven recuerda que no es la primera vez que le sucede un episodio difícil de explicar, en el cada vez más enredado sistema asistencial del SCS. Según relata, en marzo de 2010 pidió cita para hacerse unas pruebas porque tenía un problema de tiroides que le habían detectado en unos análisis. Para el mismo, su médico de cabecera le recetó unas pastillas, hasta que llegaran los resultados de una ecografía que se realizó poco después. Más de dos años más tarde, María todavía no ha recibido los citados resultados. “Hace poco me dijeron que me llamarán en noviembre. Mientras, yo sigo tomando las pastillas, que no me deben estar haciendo mal porque todavía no me he muerto”, resume, irónicamente, María. [/apunte]

Fuentes de Sanidad confirmaron que, al igual que ocurre con todas las reclamaciones que llegan hasta el SCS, se estudiará el caso y se ofrecerán las oportunas explicaciones, aunque dejaron claro que prima el criterio médico de los profesionales del servicio.
“Nadie me dirá nunca que perdí a mi hijo por una negligencia, pero sí tengo claro que debían haberme dejado ingresada en el Hospital Insular cuando llegué a Urgencias. De hecho, cuando fui al CAE del Puerto de la Cruz me remitieron de urgencia a la clínica Bellevue, lo que significa que algo no iba bien. Y no es lógico que, con los mismos síntomas, en un centro no consideraban que debía quedarme ingresada, y en otro, 24 horas más tarde, sí lo creyeron necesario”, reitera María.

Su rocambolesca historia, en cualquier caso, no termina ahí. Una vez le dieron el alta, la doctora que la atendió le dijo que en un plazo máximo de ocho semanas debía hacerse una revisión ginecológica. “El día 26 fui a pedir cita al CAE, porque me dijeron que no era necesario pedir un volante en mi centro de salud. Tras casi dos horas de espera, en Administración me dijeron que sí necesitaba el volante, que mi médico estaba equivocado. En los dos sitios me aseguraron que me llamarían por teléfono”, relata.

Cuatro días más tarde, en el Centro de Especialidades de Puerto de la Cruz le informaron de que el ginecólogo la atenderá el 10 enero de 2013, ocho meses después de lo recomendado por la especialista que firmó el alta tras su aborto. “No sólo me daban cita para dentro de 10 meses, sino que además era la misma que ya había pedido hacía más de un año para hacerme una revisión ginecológica”, explica María, que subraya que “es alucinante que me valore una ginecóloga que nunca me llegó a ver”.

Como si estuviera viviendo una travesía por el desierto, el día 3 de abril María acudió de nuevo a Urgencias del CAE, porque tenía unos terribles pinchazos en la zona abdominal. “Me estaba tomando unas gotas para el dilatado uterino y también ibuprofeno, pero cada vez estaba peor. Mi hermana me llevó hasta Urgencias, donde me atendió el peor médico que he conocido en mi vida. Al principio ni siquiera estaba en su despacho, y nos hizo esperar casi dos horas. Luego, no quiso leer ninguno de los informes que llevaba, y sólo me preguntó que cuándo me habían practicado el aborto. Fue una falta de ética y de trato moral. Me dijo que tomara ibuprofeno y me despidió sin hacerme siquiera un informe”, narra María, que todavía hoy no ha conseguido que le adelanten la cita ni que le den un diagnóstico adecuado.

Pese a todo, la joven se niega a acudir a la sanidad privada, “porque llevo muchos años pagando mis impuestos”. “Tengo derecho a una atención digna, porque nunca he tenido problemas, ni he necesitado acudir a un hospital. Y para una vez que voy, me echan. Tampoco quiero contratar un seguro privado, porque considero que es la sanidad es un derecho universal, que pagamos con nuestros impuestos”, concluye María.