EFE | Santa Cruz

Carmen Omaña, afectada por un aviso de desahucio en la capital tinerfeña, “respira un poquito” una vez que hoy desde la entidad bancaria con la que tiene una deuda hipotecaria le han dicho que plantearán en los juzgados un aplazamiento para que no sea desahuciada de la vivienda en la que reside.

Tras reunirse con representantes de La Caja Insular de Canarias-Bankia, Carmen Omaña, de 48 años, en trámites de separación y con dos hijas, una de 16 años y otra mayor de edad y que estudia en una universidad de la Península, manifestó que ahora sólo le queda esperar en lugar de estar “pendiente” de que llamen a la puerta para el desahucio.

Según Carmen Omaña, desde la entidad bancaria han quedado en que la llamarán antes del 3 de mayo para informar de lo que se haya acordado en los juzgados.

Carmen Omaña declaró antes de la reunión con representantes de la entidad bancaria que dejó de pagar la hipoteca una vez que su marido se quedó en paro y ella no percibía salario alguno, y añadió que tiene pendientes unos plazos fijos con el banco.

El 30 de noviembre del pasado año el piso, en el barrio de Los Gladiolos de la capital tinerfeña, fue subastado y se lo adjudicó el banco, explicó Carmen Omaña, quien agregó que como no tiene empleo pide un aplazamiento de la deuda o una ayuda.

Afirma Carmen Omaña que la situación que vive la ha llevado a sufrir enfermedades y depresiones y a la desestabilización del núcleo familiar, a la vez que insiste en que quiere pagar pero no tiene cómo hacerlo.

Un problema, explicó, es que el 22 de marzo pasado recibió una comunicación del juzgado número cinco de Santa Cruz de Tenerife para que desaloje el piso en el plazo de un mes o se personarán para hacer el apercibimiento.

La vivienda fue tasada en 350.000 euros y en la subasta el banco se la adjudicó por la mitad, y esta cantidad es la que Carmen Omaña a la entidad bancaria, a la que reconoció que tiene que pagar otros 50.000 euros.

Inma Évora, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, manifestó que en Canarias hay unas 30.000 familias en procesos de ejecución de desahucio, y reclamó una solución para ese problema social.