TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
Más de doscientos días sin prácticamente moverse un papel en el llamado caso Aitana, nombre de una niña de 3 años fallecida en Arona.
Hoy se cumplen 202 días desde que la entonces titular del juzgado de Instrucción número 2 de Arona, Carmen Rosa del Pino, hizo suya la solicitud del abogado de la madre de la niña -el conocido abogado de los famosos Marcos García Montes- de encargar al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria una tercera pericial para dilucidar la causa del fallecimiento de la niña. La pasividad de dicho organismo ha hecho el resto, a pesar de que hoy se cumplen 39 días desde que la nueva titular de dicho juzgado, la jueza María del Carmen Ballestín, les diera un mes de plazo para terminar el informe.
Y mientras tanto Diego Pastrana, que en su día sufrió un auténtico calvario personal y mediático al ser arrestado por indicios aún sin confirmar, ya supera los 860 días imputado, a pesar de que la autopsia realizada al cadáver de la niña concluye que su muerte fue el resultado de una caída accidental en un columpio de la zona.
En esta espiral de despropósitos en la que se ha convertido el caso Aitana es imprescindible recordar que en el origen del tan injustificado como prolongado retraso se encuentra un giro de 180 grados de la madre de la niña, cuyo abogado pasó de exigir la inmediata exoneración de Pastrana a encargar a unos peritos de Madrid un informe en el que se le incrimina. En el intervalo de semejante cambio sobresale un dato objetivo: la madre de la niña y Pastrana pusieron fin a su relación sentimental.
¿Por qué el Instituto de Las Palmas? Otra sugerencia de Marcos García Montes que la jueza Del Pino hizo suya a pesar de que ya había desginado a una especialista tinerfeña a quien, sin tiempo de mover un papel, se le retiró el encargo por el propio juzgado al insinuar el letrado madrileño que no sería imparcial por haber participado sus compañeros en la autopsia.
Mientras Diego Pastrana continúa bajo tratamiento médico -“cada noticia del juzgado supone una recaída”, explica la familia-, su letrado, el tinerfeño Plácido Peña, vuelve a plantearse la necesidad de elevar una queja al Consejo General del Poder Judicial que, como reconoce, “está prácticamente redactada desde primeros de marzo”.