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Aguirre propone a Rajoy que el estado asuma educación, sanidad y justicia

EFE | Madrid

La presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, ha propuesto hoy al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el Estado asuma las competencias de Sanidad, Justicia y Educación, y los ayuntamientos, las de Transportes y Servicios Sociales, lo supondría un ahorro de 48.000 millones de euros para las autonomías.

Así se lo ha indicado hoy Aguirre al presidente en la primera reunión oficial que han celebrado ambos desde que Rajoy accedió al cargo hace casi cuatro meses, dentro de la ronda de encuentros que mantiene con los presidentes autonómicos en la últimas semanas.
En la reunión, que ha durado una hora y veinte minutos, la presidenta ha expresado su convicción de que para salir de la crisis hay que “adelgazar” y “encarar una reforma en profundidad” de la Administración pública, maximizar los ingresos, reducir los gastos y “cortar radicalmente con la duplicación y triplicación de funciones”.

Ha dicho que, personalmente, no cree que se produzca una intervención de la Unión Europea en España y que entre los países con problemas, se queda con el modelo irlandés para salir de la crisis, pues, tal y como le ha comunicado hoy a Rajoy, considera que “más vale una vez coloraos que ciento amarillos”.

La presidenta se ha mostrado también partidaria de retirar las subvenciones públicas “a todos los que pueden y deben sostenerse solos”, entre los cuales ha citado a los partidos políticos, las patronales, los sindicatos y las rentas altas.

Esta crisis, ha dicho Aguirre, es el mejor momento para llevar a cabo reformas verdaderamente profundas porque serán ahora mejor comprendidas y aceptadas que en épocas de “bonanza” económica, entre las cuales ha destacado “la necesidad de revisar todo el Estado de las autonomías”.

A su juicio, el Estado autonómico “probablemente no ha servido para lo que se creó: integrar a los partidos nacionalistas catalanes y del País Vasco”, sino que, por el contrario, ha servido para “encarecer y complicar el funcionamiento de las demás regiones”.

Según la presidenta, analistas de todo el mundo opinan que España “no puede permitirse el lujo de tener 17 miniestados, como llaman algunos” a las comunidades autónomas, y por ello ha insistido en que su experiencia corrobora la necesidad de “encarar una reforma en profundidad de las Administraciones públicas” y de reducir “drásticamente” los gastos.

Para llevar a cabo esa reforma, ha continuado, se hace “imprescindible la colaboración del PSOE”, al que ha pedido que se reconduzca hacia “la senda de la socialdemocracia moderada y europea” y no sea “el aliado constante de los más radicales, comunistas y nacionalistas”.

Preguntada sobre la manera en que el Gobierno piensa ahorrar 10.000 millones en Sanidad y Educación, Aguirre no ha querido dar detalles pero ha señalado que no cree que sea mediante “recortes”, sino a base de “reformas en la legislación”.

Personalmente ha dicho que “jamás” ha sido partidaria del copago sanitario, porque “encarece” más que abarata los costes, y ha señalado que la Sanidad pública seguirá siendo gratuita en todo lo relacionado con la salud y la curación de enfermedades.

En cuanto a la Educación, ha opinado que “no tiene sentido” que el Estado subvencione un 9% del coste de los másteres universitarios y que se obligue a las comunidades a afrontar esos gastos que no corresponden a la enseñanza obligatoria, la que afecta al tramo comprendido entre los 6 y los 16 años.

Ha explicado que en la reunión -celebrada a instancias del presidente del Gobierno a quien ella le había pedido por carta mantener este encuentro- ha optado por “no distraer” la atención de Rajoy “con cuestiones localistas puramente madrileñas” para centrarse en la situación “difícil y complicada” de la economía española, sin “perderse en reivindicaciones de campanario que en estos momentos supondrían perder el tiempo”.

Por ello, ha preferido centrar esta reunión en las medidas que deberían tomar los poderes públicos para “recuperar la senda del crecimiento y del bienestar que necesita España”, entre las cuales ha destacado la necesidad de “reducir drásticamente el déficit” y de adoptar reformas “verdaderamente profundas” para lograrlo.