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En un artículo tan denso como interesante, Conde Ruiz y Juan Rubio apuntan, en su análisis de los presupuestos generales del Estado, que en los gastos no financieros apenas se observa una reducción muy modesta en relación con el ejercicio presupuestario anterior, y señalan como responsable de esta situación al fuerte aumento del pago de los intereses de la deuda pública.

Apoquinar deuda e intereses, en definitiva, devora todo el ahorro que se realiza sacrificando la inversión productiva, la educación, las políticas activas de empleo, la atención a la dependencia o los programas de investigación y desarrollo.

Si a esto se le suman el hundimiento del PIB hasta un 1,7%, el carácter hipotético de una parte apreciable de los ingresos previstos, el aumento del desempleo y su incidencia negativa en el consumo y la razonable desconfianza en la capacidad de control de gasto de las comunidades autonómicas quizás uno empiece a entender la reacción de los mercados, el hundimiento de las bolsas españolas y la escalada de la prima de riesgo.

Basta con echar un vistazo a la prensa internacional y a los periódicos y blogs especializados para constatar que nadie se cree del todo (y eso en el mejor de los casos) el proyecto de presupuestos generales del Estado diseñado por De Guindos y compañía. La cifra mágica de los 27.000 millones de euros se les antoja muy poco y economistas patrios aseguran que, para llegar al 5,3% del déficit (¡en medio año!) el recorte debería haber ascendido a una cifra de entre 35.000 y 40.000 millones de euros. Pero esa meta es imposible si no se admite implosionar el sistema político-administrativo español -que tiene en Cataluña una amenaza de crisis rupturista nada menor- y colapsar dramáticamente la agónica economía del país.

La Comisión de la UE, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional quieren que empiecen los recortes y que comiencen de una vez. Las presiones financieras y las ferocidades especulativas de los mercados de deuda pública van en la misma dirección. Las opciones inmediatas pueden ser dos: o una intervención directa de Bruselas antes del verano o una nueva reforma de la ley presupuestaria en otoño para endurecer aun más las restricciones y dejar las cuentas públicas como un camposanto.

Es una vía demencial que solo puede ser corregida con una acción coordinada en el seno de la Unión Europea: un nuevo compromiso económico y fiscal que articule distintas y complementarias políticas entre el centro del continente y las torturadas periferias.

Este país está a punto de irse al garete mientras se sigue simulando una espeluznada tranquilidad bajo una lluvia tibia de miedo y desesperanza.