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Asodiscan afirma que la subida de la cesta de la compra será “brutal”

Imagen de archivo del centro comercial El Trompo, en La Orotava. / DA

MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife

Las nuevas tasas que el Gobierno canario cobrará, a partir del próximo mes de junio, a las grandes superficies y a las entidades financieras tendrán un efecto inmediato y directo en el bolsillo del consumidor.

En el caso de los grandes establecimientos comerciales, el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución (Asodiscan), Álvaro Rojas, estimó que, aunque todavía no hay una cifra exacta, el incremento de la cesta de la compra de los canarios será “brutal” dado que cualquier recargo en la estructura de coste tiene que “repercutir evidentemente” en el consumidor.

La intención del Gobierno regional con la creación de esta figura impositiva es recaudar unos 10 millones de euros para recuperar parte de los recortes del Estado. Rojas explicó que, aunque el Ejecutivo aún no les ha explicado cómo piensa aplicar dicha tasa, “ya se está hablando de 11 euros por metro cuadrado”.

En Canarias se considera gran superficie a todo establecimiento comercial que tenga más de 2.500 metros cuadrados de superficie de venta, o a otros centros que, aunque no lleguen a los 2.500 metros cuadrados, sumada su superficie de venta en la Isla supere los 5.000 metros cuadrados.

Por ejemplo, El Corte Inglés de Tenerife tiene una superficie de venta aproximada de 30.000 metros cuadrados. Si finalmente se le grava con 11 euros el metro cuadrado, pagará unos 330.000 euros. Las grandes superficies comerciales de las Islas ocupan, según Asodiscan, unos 200.000 metros cuadrados, con lo que la recaudación del Gobierno superará los 2,2 millones de euros, 7,8 millones menos que los previstos por el Ejecutivo regional.

Rojas se preguntó: “¿Cuánto hay que vender para pagar esto?” e insistió en que, al final, el principal perjudicado es el ciudadano porque no solo influirá en la alimentación sino también en otros servicios como calzado, vestido, ferretería, hogar, automoción, ocio y restauración.

Rojas calificó la medida de “tremendamente” discriminatoria porque “ataca directamente” al sector comercial y al consumo. En opinión del secretario general de Asodiscan, el Gobierno “se equivoca” con la aplicación de esta nueva figura impositiva porque, “lejos de reactivar el consumo, lo estancará” y porque las grandes superficies ya tienen una elevada presión fiscal, a la que hay que añadir, ahora, también la subida del IGIC.

Indicó que los pequeños comercios se verán “ahogados” con este incremento del IGIC del 5% al 7%, porque si no venden, “su actividad se va a pique”. Rojas recordó que, desde el inicio de la crisis económica, las empresas “nos hemos ido apretando el cinturón; hemos sido más eficientes, y eliminado los gastos superfluos”. “Lo que no puede ser”, continuó, es que la administración “siga igual porque, al final, los administrados somos los perjudicados”.

El secretario general de Asodiscan reconoció que la creación de esta tasa les pilló por sorpresa ya que no se les informó. En consecuencia, anunció que convocarán en breve una junta directiva y que trasladarán sus quejas al Gobierno a través de la Confederación de Empresarios (CEOE) y la Cámara de Comercio.

Una vez que el consumidor cobra la nómina y paga sus gastos, “lo que le queda para consumir es cada vez más pequeño”, recalcó.

Lo mismo ocurrirá con la otra tasa, la que aplicará a los depósitos de las entidades financieras instaladas en Canarias. El delegado en la provincia de la Asociación de Usuarios de la Banca (Ausbanc), Jerónimo Barrera, auguró que los bancos se verán “obligados” a incrementar las comisiones y todos los servicios que prestan al cliente.

La banca, explicó Barrera, es como “un negocio cualquiera: Si lo gravan, tendrá una repercusión directa sobre la clientela”. “Otra opción”, afirmó, es que las entidades financieras opten “por irse a otros lugares donde no les apliquen tasas”. Barrera señaló que la banca está carente de pasivo y que este impuesto, lejos de aportar beneficios, “lo que hace es atentar contra el consumidor”.

El Gobierno canario espera recaudar, a través de esta nueva figura, unos 30 millones de euros. “El consumidor no es el problema, sino la solución”, dijo.