EUROPA PRESS | Las Palmas
La Federación Ecologista Ben Magec Ecologistas en Acción ha anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el Real Decreto de 16 de marzo de 2012, del Consejo de Ministro, por los que se otorga a Repsol los permisos de investigación de hidrocarburos en aguas próximas a Canarias.
La organización ha justificado este recurso en los “intentos por parte del Gobierno de saltarse, con el nuevo Real Decreto, la sentencia de 2004 que anulaba los permisos a Repsol”, entre otras razones, asegura, por “no aportar los preceptivos estudios de impacto ambiental, cosa que ahora no sólo vuelven a obviar sino que aportan unos informes genéricos sin valor alguno para los requerimientos de la legislación en vigor”.
Asimismo, y según indicó Ben Magec en un comunicado, “intentan convalidar un decreto anulado firmemente, modificando sustancialmente” los contenidos del primer decreto, lo que a su juicio se trata de un acto “claro de nulidad del decreto”.
En este sentido, inciden en que “sólo es posible convalidar los actos anulables, no los actos ya declarados nulos” pero, resalta, que el Gobierno en lugar de convalidar el decreto anulado, debería “ejecutar la sentencia anulatoria en base al interés público y en detrimento de un interés privado que no ha ofrecido las mínimas garantías jurídicas, ambientales y de seguridad”.
Respecto a la consecuencia de las modificaciones introducidas en el acto de convalidación señalan que, en realidad, lo que se ha hecho es dictar “un nuevo acto administrativo sin seguir el procedimiento legalmente establecido”, al considerar que “hay que tener en cuenta que en el primer decreto se otorgaba permiso para actuar en dos pozos y en el actual decreto en ‘al menos dos’, modificándose criterios de inversión y plazos”.
Otro de los aspectos en los que la organización centra su recurso en el hecho de ejercitarse la potestad de convalidación “11 años después del primer decreto (2001) y 8 años después de la Sentencia anulatoria (2004)”, ya que creen que debería iniciarse un nuevo expediente.
Asimismo, señalan que “no se han tenido en cuenta las medidas medioambientales necesarias” para reducir los riesgos de accidente grave y limitar las consecuencias en caso de que se produzcan, afirmando que el Real Decreto de marzo del 2012 “carece de fundamento en su actuación” en caso de incidente.
“Entendemos que estamos ante un acto de claro desprecio al medio ambiente de las islas y de una de las zonas más ricas e importantes en biodiversidad marina. Se ha vulnerado el derecho básico de acceso a la información y de participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente”, apuntilló.
Finalmente, inciden en que con dicho recurso lo que persiguen es paralizar el proyecto, por ello asegura que continuarán buscando adhesiones de colectivos y plataformas ciudadanas. Además, hace un llamamiento a los ciudadanos de Lanzarote y Fuerteventura para que se unan a la queja presentada por los cabildos de ambas islas ante la Unión Europea contra el acuerdo de Ministros.