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Bofetada a Repsol > Francisco Pomares

El país no gana para sustos, y ahora tenemos que pagar también por sustos ajenos: sube hasta máximos la prima de riesgo, vuelven a dispararse las alarmas de una intervención imposible de sostener y el Gobierno asume con escasa capacidad de respuesta -al menos de momento- su primera y contundente bofetada internacional.

La populista Fernández Kirchner ha optado por dar un patriótico golpe de efecto para consumo interior, afrontando las posibles represalias de la OMC y el Banco Mundial, y se ha pasado por la faja las advertencias españolas y las llamaditas telefónicas conminatorias. Es más, ya puesta, ahora amenaza con extender las expropiaciones a la banca y la telefonía, en una nueva guerra de independencia contra España, que le sirve para disimular la crisis de caballo que -también- atraviesa la república austral. Si Rajoy creía que recuperar el prestigio exterior de España sólo tenía que ver con cambiar a Zapatero para ponerse él, ya habrá descubierto que esto de gobernar es mucho más complicado de lo que parece desde los bancos de la oposición.

La histeria desatada en los mercados por la expropiación de Repsol -una histeria a la que ha contribuido también el dramatismo del Gobierno en las fases previas de esta crisis- va camino de convertirse en otra vuelta de tuerca para la maltrecha economía del país. Se trata de la mayor agresión a una empresa española jamás cometida en la historia, se nos dice, pero habría que empezar por negar las mayor. Repsol no es exactamente lo que podríamos definir strictu sensu como “una empresa española”, aunque es sin duda una empresa muy ligada al actual Gobierno español. Como ocurre con la mayoría de las grandes multinacionales hoy, su capital está tan deslocalizado como su personal: más de la mitad de la petrolera pertenece a fondos de inversión internacionales y a la mexicana Pemex. El control accionarial de Repsol no está en manos de capitales de aquí. Es verdad que la administración de la compañía se visualiza a través del catalán Brufau y otros directivos españoles, y que una parte importante de sus beneficios tributan en España. Pero quien manda en Repsol -como en casi todo- son los gestores de fondos.

Pero los dos grandes paquetes de participación patria -el de la constructora Sacyr, con el 10 por ciento, y el 12 por ciento de CaixaBank -el conglomerado financiero catalán al que ha ido a aterrizar CajaCanarias de la mano de Banca Cívica- no explican por sí solos la intensidad de la reacción de este Gobierno ante la agresión a Repsol, o su beligerante implicación en el asunto de las prospecciones en aguas próximas a Canarias. Aquí parece haber más. Aunque es muy posible que nunca se sepa.