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Lo ha dicho el presidente de la Asociación de Restauración y Ocio del Sur de Tenerife, Javier Cabrera: “Obtener una licencia de apertura para cualquier negocio tarda un promedio de siete años”. Y ha añadido que en Arona alrededor de 1.000 establecimientos funcionan sin licencia y en Adeje lo hacen unos 300.

Lo malo no es que estas cosas sucedan en el amplio mundo del ocio y en zonas concretas. Ocurren en todos los sectores de actividad y en todas partes, y quienes propician tales desaguisados habitan, campantes y rampantes, en distintos niveles de la Administración, desde los ayuntamientos al Gobierno. Y no les pasa nada por su negligencia, arbitrariedad o galbana.

Aunque muchos cumplen bien su tarea, una parte de los responsables públicos se comportan como pequeños diosecillos dueños y señores de vidas y haciendas, de destinos y fortunas, sin que nadie les exija responsabilidades por sus decisiones infortunadas.

Desde diferentes instancias sociales y económicas se clama desde hace años por una Administración seria, rigurosa, eficiente, rápida, barata; a cambio, lo que recibe la ciudadanía es un compendio de desaciertos y burocracias que -en tiempos de informáticas aceleradas y adelantos tecnológicos sin fin- deja chiquito y aun obsoleto el “vuelva usted mañana” quevediano.

Los gobiernos se llenan la boca con planes presuntamente modernizadores de la maquinaria administrativa, pero aquí seguimos: en el reino de los despropósitos, en la política y fuera de la política.

¿Por qué se tarda años en renovar reglamentariamente los puestos claves en instituciones como el Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo? ¿Con qué rigor puede aplicarse la Ley de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos si carece de reglamento de desarrollo? ¿Cómo es posible que los Planes Generales de Ordenación tarden años y años -a veces, diez o más- en su tramitación sabiendo, como se sabe, que en ese tiempo se paraliza toda actividad constructora y dinamizadora en los municipios? ¿Por qué tarda el Gobierno un año en hacer oficial el fallo de un concurso público para la concesión de 155 emisoras de radio, fallo por lo demás disparatado y arbitrario hasta decir basta y que, como pasó con el concurso de las TDT, acabará inevitablemente en los tribunales de Justicia? ¿Es que nadie responde ante tanto disparate que hunde empresas, aborta proyectos e impide la creación de empleo y desarrollo económico?

Como decía Alfredo de Vigny, el Gobierno menos malo -en todos los niveles, añado- es aquel que, resolviendo más y mejor, se muestra menos, se siente menos y se paga menos caro. ¡Como parar mirar aquí…!