YAZMINA ROZA – BEGOÑA AMEZUA | Santa Cruz de Tenerife

El enfrentamiento de Canarias con el Estado por las consecuencias de los recortes presupuestarios está a punto de derivar en un conflicto entre el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma.

Cabildos y ayuntamientos se reúnen hoy, en Santa Cruz de Tenerife, para tratar de consensuar una posición que salvaguarde sus intereses frente a las pretensiones del Ejecutivo regional de quedarse con la recaudación extra de la subida de los impuestos e imponer la rebaja del 5% de los salarios de los trabajadores de las administraciones locales, sin tener capacidad normativa para ello.

La negativa de los cabildos de Tenerife y de Gran Canaria a reducir las nóminas de sus empleados complica la resolución del conflicto.

Estos son los antecedentes que se han ido sucediendo desde que, el pasado viernes, el presidente Paulino Rivero anunciara a los cabildos y los ayuntamientos que tiene la intención de quedarse con la recaudación extra de la subida de los tipos del Impuesto General Indirecto (IGIC), del Arbitrio a la Importación y Entrega de Mercancías (AEIM) y el Impuesto de Matriculación.

Tres figuras impositivas del Régimen Económico y Fiscal (REF) cuya propiedad comparten el Ejecutivo y las corporaciones locales y cuyos rendimientos se distribuyen en un 42%, para el primero y el 58% restante, para los segundos. Los cabildos dependen, en mayor medida, de los ingresos del REF puesto que carecen de la posibilidad de los municipios para imponer otras medidas fiscales.

Las estimaciones del Ejecutivo sobre la recaudación extra que corresponde a las corporaciones locales se eleva a la cifra de 209 millones. Pero además hay que tener en cuenta que el Gobierno canario carece de la competencia normativa para imponer una rebaja salarial a los cabildos y ayuntamientos.

Mientras se busca una salida, el tiempo corre en contra de la Comunidad Autónoma. Cuanto mas se tarde en aprobar la subida de los impuestos menos tiempo tiene el Ejecutivo para cumplir con el objetivo del déficit.

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Responsabilidad

El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, apeló a la “responsabilidad” de los presidentes de la Fecam y de la Fecai, Ramón Plasencia y Mario Cabrera, respectivamente, para que se llegue a un entendimiento sobre la incidencia en las corporaciones locales de los recortes para Canarias de los presupuestos generales del Estado. En los pasillos del Parlamento, Hernández Spínola dijo que las circunstancias actuales exigen un acuerdo entre todas las instituciones de la Comunidad Autónoma.

El consejero reconoció que el Gobierno regional está adoptando medidas “duras y dolorosas”, pero precisó que no es el momento de que cada corporación actúe por libre. “La reducciones afectan a todas las políticas, de sanidad, de educación, de bienestar… Y el Ejecutivo canario está empeñado en preservar esos servicios públicos esenciales”.

“Lo que menos quiere ahora la ciudadanía es una pelea entre políticos, agregó. Desde el “respeto” a la autonomía local, invocó el consenso para ir “de la mano en esta difícil” coyuntura.

Finalmente, Francisco Hernández Spínola puso en valor la “sensatez” y la “profesionalidad” de los empleados públicos, a los que agradeció su “sacrificio”.

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