EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria

El director general de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Pedro Ramos, ha afirmado que uno de los objetivos de la Comunidad Autónoma es elaborar su propia Ley de Transparencia y Acceso de la Ciudadanía a la Información Pública en la actual legislatura.

Según informó el Ejecutivo regional en un comunicado, esta iniciativa se realizará por medio de un proceso participativo, una vez aprobado y publicado el Reglamento de la Ley de Fomento a la Participación Ciudadana.

Esta futura ley estará inspirada en los indicadores que la ONG, Transparencia Internacional España, utiliza para obtener el nivel de transparencia de las Comunidades Autónomas.

En este sentido, Ramos señaló que la futura Ley del Gobierno de España será la base a partir de la cual se realizará la Ley canaria, “que será menos restrictiva en cuanto a la limitación al derecho de acceso a la información, donde los datos estarán organizados y serán accesibles en un portal web de transparencia, que haga efectiva y real, la participación activa de la ciudadanía”.

Desde el Ejecutivo canario se pretende una sociedad democrática más avanzada, con el objetivo último que la Administración canaria gobierne con la ciudadanía y no solo para los ciudadanos.

Un primer paso hacia la transparencia

Aquí, el Director General de Participación Ciudadana consideró que este Anteproyecto estatal “es un primer paso hacia la transparencia, que debe regir toda la actividad de las Administraciones Públicas, pero que adolece de ciertas limitaciones, que habría que esperar al desarrollo reglamentario de la Ley, para analizarla con mayor profundidad”.

Mientras, comentó que el Gobierno de España prevé, que en junio de este año, el país deje de ser el único de la Unión Europea con más de 1 millón de habitantes, que carezca de una ley de acceso a la información pública. Los otros países que le acompañan son Luxemburgo, Malta y Chipre.

Por su parte, con el Anteproyecto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, presentado por Gobierno de España, se pretende que la ciudadanía pueda conocer de una manera más ágil y directa, la información pública, que amplíe y refuerce la transparencia en la actividad de la Administración, reconociendo y garantizando el derecho de acceso a la información, estableciendo además las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.