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El Gobierno grava el consumo y sube el impuesto del combustible

YAZMINA ROZAS | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias aprobó este sábado la tan anunciada reforma fiscal, que grava el consumo, al subir el tipo general del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) del 5% al 7%, e incrementa también el impuesto sobre el combustible. Medidas que el consejero regional de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González, reconoció que son “durísimas e injustas”.

Tras el Consejo de Gobierno, González detalló los cambios que la Comunidad Autónoma pretende realizar en las normas tributarias para hacer frente al recorte de los 800 millones en los presupuestos de la Administración central.

El consejero reconoció que se trata de medidas “durísimas e injustas”, pero se mostró confiado en que la sociedad canaria las entienda y respalde porque “o subimos los impuestos o hay que cerrar colegios y hospitales”, apuntó. Indicó que cualquier alza fiscal “por supuesto” que afecta a la actividad, pero matizó que son medidas “asumibles” por la economía canaria.

El gabinete de Paulino Rivero acordó así subir el tipo general del IGIC del 5% al 7%, a pesar de que el Ejecutivo central no ha realizado un alza del IVA, mantendrá en el tipo cero los artículos de primera necesidad, elevará el tipo establecido en el 2% al 3% y sube un 0,5% los tipos actuales del 9% y 13%. Se eliminan además algunas bonificaciones fiscales, como la fijada para la telefonía fija y móvil. La previsión es lograr recaudar 118 millones. El Ejecutivo incrementa también el impuesto sobre el combustible, aunque González apuntó que el precio “seguirá manteniendo el diferencial” con el establecido en la Península y que se dejará inalterable el aplicado al gasóleo profesional. Con esta medida se espera ingresar 90 millones.

Respecto al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se incrementará la zona alta del tramo autonómico, con lo que para las rentas superiores a los 53.000 euros al año el tipo pasa del 21,5% al 22,58%. También se limitarán algunas bonificaciones a la población con menor poder adquisitivo. El efecto de este alza se notará en los presupuestos del próximo año 2013, explicó Javier González. La comunidad creará, además, dos nuevos impuestos, uno sobre depósitos a entidades financieras, que el consejero matizó que no repercutirá sobre los ciudadanos, y otro a grandes superficies. Con ambos espera recaudar unos 40 millones.

El responsable de Economía señaló que se crearán otras nuevas tasas relacionadas con mediadores de seguros, los conservatorios, por expedición de duplicados, por obtención directa del título de Bachillerato, por la dirección e inspección de obras, a la academia canaria de seguridad, por búsqueda y rescate por imprudencia, por la emisión de certificaciones de profesionalidad, en la protección del medio urbano y natural; y se incrementan otras en puertos, inspección de la carne fresca, entre otras.

Con estas iniciativas tributarias el Ejecutivo regional pretende ingresar unos 250 millones de euros en los próximos seis meses, que González calificó de “insuficientes” para contrarrestar las reducciones estatales. Por ello, a esta reforma fiscal se suma el objetivo de reducir el gasto corriente de la comunidad en 80 millones, el capítulo de las transferencias corrientes en 30 millones, el de gastos de personal en unos 200 millones y recortes por valor de 240 millones en diferentes políticas sobre las que aún están trabajando.

El consejero señaló que estas reformas impositivas tendrán un carácter temporal, aunque puntualizó que la subida del IGIC se mantendrá, por lo menos, hasta el año 2014.

Estas medidas forman parte del anteproyecto de ley de Medidas Administrativas y de Modificación de Normas Tributarias, cuya tramitación en el Parlamento tendrá carácter de urgente para que entre en vigor, como tarde, a finales de junio.


Spínola afirma que gracias a las iniciativas del Ejecutivo se mantendrá el empleo público

El consejero regional de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, afirmó ayer que el Gobierno canario no adopta estas alzas impositivas y recortes “de buena gana”, sino que afronta este “duro trabajo” para “mantener el empleo público y los servicios públicos esenciales”.

Spínola detalló las iniciativas que recoge el anteproyecto de ley relacionadas con la administración pública. En cuanto a la estructura de la comunidad, el Ejecutivo suprimirá dos agencias y concentrará los tres organismos públicos dedicados a la formación de empleados en uno solo, lo que supone la eliminación de cuatro centros directivos. Se extinguen además nueve órganos de consulta, se cierra el segundo canal de la televisión pública y se prevé una reducción del 20% de los gastos externos de la Radiotelevisión Canaria.

En cuanto a los 62.000 empleados públicos de la comunidad, se les aplicará una reducción salarial del 5%, con la que el Gobierno ahorrará 130 millones; no aplicable a quienes cobran menos de 13.469 euros al año. Un recorte que se trasladará también a los trabajadores de todas las administraciones locales, docentes de las universidades, profesores de la enseñanza concertada y otros. También se les reducirá la paga extraordinaria de diciembre. La jubilación de los empleados públicos se establecerá como obligatoria a los 65 años, sin posibilidad de poder alargarla hasta los 70 como se establece en la actualidad.
El Gobierno reduce asimismo la cuantía del complemento específico singular de la policía canaria y el personal informático y elimina 14 puestos de personal eventual.

Spínola pidió a los ciudadanos “apoyo y comprensión” y señaló que se trata de medidas “coyunturales” para momentos “difíciles”, a lo que añadió que, en principio, las iniciativas que afectan a los empleados públicos están planteadas solo para este ejercicio. Apuntó que seguirán negociando con los sindicatos nuevas medidas.

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Comercio. En otro orden de temas, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó también ayer el decreto legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y Reguladora de la Licencia Comercial, después del dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias. Con este nuevo texto normativo se aúna en un solo documento estas dos leyes.

Simplificación. El Gobierno de Canarias acordó también la prórroga del artículo 24 del decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen medidas ante la crisis económica y de simplificación administrativa en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El citado artículo trata de agilizar la adjudicación de los contratos por razones de interés público. Con la aprobación de dicha medida en 2009, el Gobierno pretendía reaccionar ante la grave crisis que atravesaba la economía canaria, impulsando la actividad económica. La vigencia del artículo 24 se ha venido prorrogando cada año. La última prórroga, realizada mediante el decreto 113/2001, del 11 de mayo, finaliza el 13 de mayo de 2012.

012. El Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 7.590.000 euros correspondiente a la prórroga de la contratación de los servicios de atención telefónica 012 de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y sus organismos dependientes. Con este gasto se prevé un ahorro del 8% con respecto al ejercicio de 2011, pero no supone merma alguna en los servicios que se prestan al ciudadano ni en la calidad de los mismos. Para satisfacer dicho gasto existe crédito suficiente en los presupuestos canarios y el importe autorizado se distribuirá en dos anualidades.

Contaminación. El Gobierno regional aprobó un decreto de entidades colaboradoras en materia de contaminación ambiental con el fin de acreditar en la comunidad a entidades que faciliten a las empresas y a la administración la verificación de la conformidad de las actividades con la normativa ambiental en materia de contaminación.

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