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Cinco de cada siete establecimientos abren sin licencia en Santa Cruz

NATALIA TORRES | Santa Cruz de Tenerife

El Plan de Inspecciones de Cartelería y Actividades (PICA) es, como él mismo reconoce, la “niña bonita” de José Ángel Martín, concejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife. Un plan que, en a penas cuatro meses, ha abierto y resuelto tantos expedientes como en los últimos cuatro años, y que nada más ponerse en marcha demostró que cinco de cada siete establecimientos de la ciudad no tenían licencia de apertura. “Una proporción escandalosa”, como señala Juan Pedro Valdés, jefe de la oficina de Disciplina Urbanística, responsable del PICA.

El plan de inspecciones tiene carácter anual, de forma que cada año se dará inicio a un programa específico para comprobar que tanto toldos como comercios tiene sus licencias pertinentes. El resultado de las inspecciones realizadas en estos primeros cuatro meses del año han dado como resultado 112 resoluciones de expedientes, de ellos, 15 corresponden a prescripciones de la infracción urbanística; 44 son órdenes de demolición y restablecimiento de la realidad física alterada y precinto; 50 por actividades clandestinas y sancionadoras; dos expedientes de ruina y uno de cumplimiento de sentencia del juzgado. Como señala Valdés, “si finalmente el Servicio Canario de Empleo concede la subvención para contratar a abogados, arquitectos, aparejadores y auxiliares, tendremos personal suficiente para poner la ciudad patas arriba y hacer cumplir con la normativa urbanística”.

El jefe de Disciplina Urbanística aclara que “nuestra intención es implantar una disciplina más bien didáctica, no ir en plan martillo pilón. Vamos a llegar hasta el final de los expedientes, pero no queremos convertirnos en un sheriff vengador porque entendemos que muchas personas abren sin licencias por desesperación, porque antes se podía tardar aquí (Urbanismo) muchísimo tiempo en dar respuesta a su solicitud”.

José Ángel Martín refuerza esta idea añadiendo que “a nosotros, y así lo hemos planteado desde el comienzo del mandato, lo que nos interesa es, por un lado la implantación de la directiva Bolkestein para agilizar todos los trámites y por otro, la disciplina urbanística”. Martín agrega que “una vez que todo el mundo tiene acceso a una licencia con cierta facilidad, ya nadie tiene problemas para regularizarse, así que para los que siguen ilegales, nosotros vamos a trabajar para que compitan en las mismas condiciones que el resto, generando un caldo de seguridad jurídica”.

Por su parte, Juan Pedro Valdés matiza que, aunque el procedimiento implantado por Urbanismo para dar una licencia en 24 horas ha ayudado a la legalización de negocios, “el término real de este sistema es el de declaración responsable, lo que quiere decir que el ciudadano dice que lo que él va a abrir está bien, si eso no está amparado por un técnico, normalmente lleva a errores y cuando se les visita, si lo que ha dicho es verdad se le dan automáticamente la licencia, que es mentira, entonces ya tenemos que actuar”.