sanidad >

¿Convidados de piedra?

Uno de los Consejos de Salud celebrado en la etapa de Mercedes Roldós como consejera. / DA

INMA MARTOS | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias no ceja en su empeño de trasladar a la sociedad del Archipiélago sus intenciones de convertir la participación ciudadana en uno de los grandes retos de esta legislatura, sobre todo en el ámbito de la Sanidad. La consejera del ramo, Brígida Mendoza, en declaraciones recientes, se ha referido a la apuesta “por un programa de actuación basado en la participación, tanto de los profesionales como de la ciudadanía”.

No obstante, la propia responsable del departamento autonómico reconoce las dificultades para implantar órganos de participación ciudadana en el Archipiélago. Prueba de ello, es que de los 105 Consejos de Salud que se proyectaron para toda Canarias, finalmente sólo se pudieron implantar “veinte o menos”. “De estos, funcionan habitualmente del orden de ocho”, según comentaron fuentes de la propia Consejería de Sanidad. En opinión de la consejera, “es importante también promocionar entre la ciudadanía estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades y fomentar el uso responsable de los servicios y prestaciones”. “Debemos trabajar en promover el consumo responsable de medicamentos así como el acceso a las urgencias y a consultas e incidir en la salud medioambiental y en la laboral”, apostilló. Estos retos formaban parte de los detallados como objetivos de los Consejos de Salud en el momento de su creación.

Los Consejos de Salud se constituyeron por primera vez entre 1997 y 1998 y se trata de órganos asesores de participación, regulados en la Ley de Ordenación de Canarias. Su creación parte de la base de que la sociedad debe implicarse en su propia salud. Este argumento reutilizado en la actualidad a causa de las presiones de la economía, hace referencia directa a la promoción y la prevención como herramientas indispensables para lograr una sociedad sana. Una sociedad sana contribuye además, a rebajar el coste económico global de la sanidad pública. La participación ciudadana en materia de salud no es uno de los logros de los distintos gobiernos que se han sucedido en Canarias desde que en los años 80 se pusiera en marcha el primer Consejo de Salud de ámbito regional.

Estas estructuras han resultado, por lo tanto, ser ineficaces y se han convertido en meros parapetos burocráticos. Según explica a DIARIO DE AVISOS José Joaquín O’Shanahan, titular de la Cátedra Unesco de Sistemas Locales de Salud de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la percepción de amenaza por parte de la Administración, por la capacidad que se les otorga de crear frentes de conflicto, además de los que ya existen, puede ser uno de los frenos de los órganos de participación comunitaria, entendiéndose por los gobiernos como instrumentos de fiscalización y por lo tanto creando desconfianza. No obstante, según palabras de O’Shanahan se trata de “aceptar estas estructuras como elementos dirigidos a producir impactos modernizantes y democratizantes sobre la forma de procesar los problemas, las necesidades y las demandas de los ciudadanos y de los propios servicios de salud, en los diversos niveles y estructuras del sistema canario de salud”.

Derecho a figurar

Andrés Mendoza, presidente de la Asociación Canaria de Personas y Familiares con Enfermedad Mental, define los órganos de participación ciudadana en el sistema sanitario existentes en Canarias como estructuras para el “derecho a figurar”. “Hasta ahora, el derecho a participar en las propuestas y la toma de decisiones ha sido siempre ficticio, un trámite administrativo que se debe cumplimentar con arreglo a la Ley pero nada más”, apunta.

Mendoza explica que estos órganos se establecen no en términos de corresponsabilidad con los agentes sociales afectados, porque no se recogen las aportaciones que se hacen desde las asociaciones de enfermos y usuarios o de los profesionales. “Vemos cómo van aprobando normativas y decretos al margen del asesoramiento de quienes realmente viven día a día con la problemática de cada una de las enfermedades”, dice.
Para Francisco Javier Yanes, gerente de la Asociación de Diabéticos de Tenerife (ADT), además, en estos órganos falta paridad; es decir, igual representación de los afectados que de la administración. Las comisiones en los diferentes ámbitos de la sanidad pública para la creación de planes y seguimiento de los mismos no se reúnen con asiduidad.

Además, según destaca Mendoza, son las propias asociaciones las que han de estar detrás de los técnicos del Servicio Canario de Salud (SCS) para que salgan adelante, cuando el interés debería ser al menos por ambas partes.

Yanes asegura que la comisión sobre la diabetes, enfermedad que es una de las más prevalentes de Canarias, es un órgano meramente consultivo.

“En febrero tuvimos la única reunión en dos años y tenemos la sospecha de que cuando se hace una convocatoria es porque antes denunciamos en los medios de comunicación la situación de abandono”.

En las reuniones se hacen valoraciones y propuestas pero no se llevan a cabo las decisiones consensuadas, afirma Yanes.

[apunte]

Sin plan regional

La falta de un Plan de Salud para Canarias, que como publicó este periódico hace una semana no se aprueba desde el año 2002, perjudica también la aprobación y puesta en marcha de otros planes que deben estar reflejados en el mismo. El gerente de la ADT pone como ejemplo el plan canario de atención a la diabetes, que “siendo un documento necesario y aceptado por la asociación, no se puede aprobar ni desarrollar sin el Plan de Salud de Canarias”.

[/apunte]