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Crimen sin castigo > Francisco Pomares

Mientras el país se hunde en una cacofonía de ruidos y de miedos, la política regional sigue en su propia deriva hacia la nada. Soria ofrece a los socialistas la presidencia del Cabildo, la alcaldía de Santa Cruz, el Gobierno regional, el oro, el moro y no pone en la cuenta a las once mil vírgenes porque la única vestal que cotiza hoy al alza es la prima de marras. Lo cierto es que hace un par de años el órdago soriano habría ocupado el interés de público y crítica. Hoy no merece ni un titular en la página diecisiete.

Más de lo mismo: aprovechando que en Semana Santa el personal andaba de retiro espiritual, Coalición y el PSOE protagonizaron a la zorruna su primera desavenencia pactada. Los cuatro consejeros del PSOE en el Gobierno de Canarias, vicepresidente incluido, no participaron en el Consejo que aprobó la adjudicación de las licencias de frecuencia modulada, con las que Paulino Rivero ha obsequiado a sus medios más fieles y a algún amigo suyo actualmente bajo sospecha de fraude. La decisión del PSOE de no asistir al Consejo podría ser interpretada como un principio de crisis de Gobierno, si realmente implicara una voluntad del PSOE de enmendar la plana a Rivero. Pero el PSOE no impugna el acuerdo del Consejo, sólo se hace el loco, como si esto no fuera con ellos. En la práctica, por muy llamativo que sea el disentimiento, no sirve absolutamente para nada. Es como si una de las manos de un asesino se quedara en el bolsillo, mientras la otra acuchilla a su víctima. Suena melodramático, pero la adjudicación de licencias se ha convertido en un crimen contra la libertad de expresión en Canarias. Rivero ha castigado a los medios que han mantenido posiciones críticas o independientes en relación con su ya dilatada Presidencia, para premiar con licencias a los amigos y serviles, demostrando así que su forma de entender las relaciones con el mundo de la comunicación es la del palo y la zanahoria.

Además, para poder disponer de una cincuentena de licencias más, con las que obsequiar a Concepción y Cortezo -dos empresarios de la construcción- y una cadena musical sin presencia en Canarias, el nacionalista Rivero ha sacrificado a decenas de pequeñas emisoras locales, enviando al paro a dos centenares de profesionales de la radio con décadas de trabajo en las islas, o forzando a la ilegalidad a quienes aún se resisten.

En fin, es razonable que el PSOE no quiera tener nada que ver con esta adjudicación, pero las decisiones del Consejo de Gobierno son colegiadas, al margen de quien participe en las reuniones del Consejo. Lo del PSOE es pura cosmética. Quizá tranquilice sus conciencias, pero no resuelve nada. Si querían evitar ser cómplices de una prevaricación, como dicen que dicen que dijo José Miguel Pérez, deberían denunciarla.