ANÁLISIS > Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

De sustos, ajustes… > Leopoldo Fernández Cabeza de Vaca

Hemos vivido la semana del acabose. Todo ha ido a peor. En la bolsa, con nuevos topetazos bajistas. En los mercados, con la prima de riesgo en récords históricos. En las relaciones hispano-argentinas, con tiranteces y advertencias de represalias de confirmarse las ansias nacionalizadoras de las autoridades sobre la firma YPF, la filial de Repsol, que sufre acosos y derribos desde hace más de un año. Fuera del ámbito económico, las cosas tampoco pintan mejor y hasta la Casa Real sufre los embates de la negatividad coyuntural, con la bala de Froilán y, el 14 de abril, que ya es casualidad, la caída de don Juan Carlos en Botsuana, donde había acudido, en viaje privado, para cumplir una de sus debilidades: la caza. Se trata de una actividad discutida y discutible pero que, en estos momentos de estrecheces y necesarias jemplaridades, parece muy poco edificante. Y además puede tener consecuencias irreversibles para la futura movilidad de Su Majestad, que antes del accidente ya presentaba evidentes achaques.

La semana en Canarias no ha sido menos intensa. Ha dado mucho de sí la reunión de Paulino Rivero con su Consejo Asesor y su posterior comparecencia parlamentaria para explicar las consecuencias de los ajustes que impone a las Islas el Gobierno del Estado. Y alcanza asimismo gran relieve político el viaje oficial del presidente al Reino de Marruecos, cuyo Rey tuvo el inusual detalle de recibirle en audiencia y tratarle con singular deferencia. Pese a las malas relaciones con el Ejecutivo de Rajoy, el viaje al vecino país fue preparado y se desarrolló con la colaboración de la embajada española, en cuya sede el jefe del Gobierno canario ofreció una rueda de prensa. Los frutos de la visita, que vendrán a través de esa comisión mixta creada para abordar asuntos estratégicos como la energía, la desalación de agua o el turismo, se harán esperar, pero seguramente valdrán la pena. Todo sea por una política de buena vecindad.

Entre tanto, un equipo de expertos trabaja en la preparación de las alternativas entre las que el Gobierno autonómico deberá escoger, para aplicar los obligados recortes en lo que queda de ejercicio -puede que el de 2013 sea aún peor, si no se hacen bien las cosas desde Madrid y Canarias-, que se acercan a los mil millones de euros, entre inversiones, transferencias de gasto corriente y subvenciones, casi la séptima parte del Presupuesto de la comunidad autónoma. Apreturas, despidos, supresiones y reorganizaciones administrativas aparte, el margen de maniobra se reduce a: incrementar el endeudamiento público; subir el IGIC y el tramo autonómico del IRPF; suprimir o disminuir algunas exenciones fiscales; resucitar los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de Sucesiones y Donaciones, e incrementar el impuesto sobre los carburantes y algunas tasas. Y todo ello a fin de mantener los mínimos esenciales en los sistemas públicos de salud, educación y servicios sociales.

Ante la extrema dificultad de cuadrar los números, algunas comunidades autónomas han creado figuras impositivas tales como la tasa turística por alojamiento hotelero, el céntimo sanitario, el cobro de un euro por receta y 10 por cada día de hospitalización, etc. Otras han suprimido ayudas para la compra de libros de texto, comedores escolares, transportes, becas, actividades deportivas, viajes de intercambio, o han dispuesto la retirada a los altos cargos de tarjetas de crédito y débito, ayudas a familiares y pagos de seguros privados. Se suceden también las subastas de vehículos oficiales, la congelación de sueldos a funcionarios, la suspensión de oposiciones y nuevas contrataciones de personal, supresión de empresas públicas, etc. No hay una sola autonomía, esté o no gobernada por el mismo partido que gobierna en España, que se muestre de acuerdo con los ajustes dispuestos desde la Administración central. Todas se quejan de los esfuerzos que se verán obligadas a realizar para poder atender las necesidades más básicas de los ciudadanos. Son las consecuencias de los viejos tiempos de desenfreno gastador en aquella España alegre y confiada, vividora en una burbuja que estalló.

Tanto en la reunión del Consejo Asesor de Rivero como durante el pleno parlamentario en que se abordaron las restricciones, se escucharon palabras colmadas de razón y decepción porque es obvio que Canarias no recibe del Gobierno central el trato que merece, dadas las necesidades y singularidades de todos conocidas. También se hicieron manifestaciones sensatas y constructivas que llaman al diálogo y al entendimiento, nunca a la confrontación y el choque institucional. Y, en efecto, es preciso restablecer los puentes de la tolerancia y acabar con las diferencias personales. Esta semana se inician las comparecencias de altos cargos en la Comisión de Presupuestos del Congreso, y es allí donde conviene pedir explicaciones y aclaraciones sobre las partidas que afectan a las Islas, para rectificar lo rectificable. ¿No dijo Soria en Las Palmas que “todo es mejorable” y que “algunas cosas se pueden cambiar”? Pues a empezar por el principio y, además, que los diputados preparen las enmiendas más convenientes. La solidaridad de Canarias con los necesarios esfuerzos de austeridad y acomodo ante las extremas dificultades por las que atraviesa España, debe pasar por un trato adecuado a las circunstancias, nunca por una imposición discriminadora en comparación con otras comunidades. No es sólo cuestión de sensibilidad, que también, sino de justicia y sentido del Estado, gobierne quien gobierne. Y en tal sentido no se pueden ignorar la pésima financiación de la comunidad autónoma, que constituye una auténtica ofensa para todos los canarios -aunque tanta responsabilidad tienen en ello los gobiernos de aquí como el central-; los sobrecostos que suponen la insularidad y la lejanía; la gravísima trascendencia social y económica del paro -en especial el juvenil y, junto a él, el elevado fracaso escolar-; la enorme importancia del turismo y de la obra pública, y la ineludible necesidad de potenciar las energías limpias.

A su vez, el Ejecutivo canario tiene que olvidarse de la utilización de elementos coactivos, jurídicos o populistas contra el Gobierno del Estado. El muro de incomunicación y desencuentro entre ambos tienen que echarlo abajo quienes lo han levantado, que no son otros que el presidente Rivero y el ministro Soria. Y deben hacerlo con urgencia, sinceridad y grandeza, rectificando actitudes e integrando voluntades. Se lo han pedido los empresarios, y los sindicatos, y los partidos de la oposición, y lo queremos también la gran mayoría de los ciudadanos. Es urgente que ambos, y con ellos las demás autoridades, aparquen las diferencias personales, ideológicas o de otra índole para acudir a la defensa de los intereses generales. ¿O es que el pueblo llano tiene que sufrir también los caprichos y los diferendos entre su clase dirigente?

Si no se llega a pactos y consensos, no sólo se va a resentir la convivencia ciudadana, institucional y partidaria; sus consecuencias se dejarán sentir también, con toda probabilidad, en la actualización del Estatuto de Autonomía, en la elaboración del nuevo REF, en las negociaciones con Europa desde nuestra condición de región ultraperiférica, en la paulatina revisión del modelo productivo de las Islas… Incluso en la cada vez más urgente revisión del modelo político administrativo de Canarias, para evitar duplicidades y triplicidades competenciales y acompasarlo a las nuevas circunstancias de racionalidad y eficiencia. He escrito que el presidente Rajoy debería tirar de liderazgo y llamar a las fuerzas políticas, económicas y sociales a unos nuevos Pactos de la Moncloa. Por lo menos, debe intentarlo. Y, fracase o no en su empeño, ha de seguir adelante con sus proyectos reformistas y explicar en una comparecencia solemne el porqué de sus rectificaciones y promesas electorales, las razones del equilibrio en las finanzas públicas y, sobre todo, cómo y con qué políticas podemos volver a la senda del crecimiento económico y la creación de empleo. Porque con tanta austeridad y falta de inversión, seguro que no lo logramos. Salvadas las distancias, el presidente Rivero hace bien al tratar de renovar o actualizar el viejo Pacto Social por la Economía y el Empleo de 2008, que, la verdad, no ha servido para mucho. Pero en estos momentos constituiría todo un símbolo de unidad y confianza. Tan pronto apruebe el Gobierno de Canarias las medidas que está obligado a abordar, de manera simple y didáctica el presidente debe exponer ante la opinión pública la verdadera situación de las Islas, las alternativas que se ofrecen, las razones de que se elijan unas y no otras, las acciones a favor de la cohesión social -de prioridad absoluta-, la austeridad y el ahorro que ha dispuesto, los proyectos para el corto y medio plazo, etc. No propugno que lo haga, porque sería un disparate, al margen del Parlamento. Pero el ciudadano medio creo modestamente que vería con agrado su comparecencia pública en las principales cadenas de radio y televisión. Ese gran político y orador, presidente de la II República española, que fue Manuel Azaña pedía en julio de 1938 en Barcelona, en plena guerra civil, “sacar de la lección de la adversidad, como de la musa del escarmiento, el mayor bien posible”. Sería descorazonador que quien encarna la máxima autoridad de la comunidad autónoma diera la espalda a los ciudadanos. Ante los sacrificios, los miedos, los temores, las dudas, los recelos y las desconfianzas de muchos, nada mejor que un sano ejercicio de patriotismo, comunicación y transparencia. Y de puro sentido de la responsabilidad, claro.