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Deconstruir la democracia > Alfonso González Jerez

Las reformas en el código penal barboteadas por el ministro del Interior pueden ser entendidas, sin una excesiva exageración, como un correlato del nuevo orden económico y presupuestario que se está imponiendo en el país. No pueden ser entendidas exclusivamente -sobre todo por su carácter preventivo- como un reforzamiento normativo del orden público, sino como un instrumento coercitivo sobre cualquier expresión de protesta ciudadana. Si prospera esta reforma podrán entalegarte por convocar o hacer circular la convocatoria de una manifestación en las redes sociales -mágicamente te transformarás en cómplice necesario de descerebrados que la aprovechen para quemar contenedores o romper- o nos veremos en una situación jurídica en la que estaremos más indefensos que Gandhi frente a la policía y los ejércitos del Imperio Británico. Ambas medidas apuntan inequívocamente al mismo sentido: la criminalización de la disidencia.

Supongo que, desde la lógica policial del Gobierno, se trata de una precaución elemental. En los próximos meses -y a medida que los brutales recortes presupuestarios proyecten sus efectos en la vida cotidiana de los ciudadanos- se recrudecerán las protestas en la calle que se describirán, obviamente, como expresiones de crítica y rechazo contra la política de Mariano Rajoy y los suyos. Por lo tanto resulta imprescindible equipar -en las retóricas del discurso político y en la praxis judicial- crítica ciudadana con gamberrismo callejero y disponer de nuevas normas punitivas contra los alborotadores. Los alborotadores no son (solo) aquellos que interrumpen el orden público, sino los que pretenden expresar su rechazo al desorden social existente.

El desmantelamiento del Estado de Bienestar -un objetivo político e ideológico de la derecha y el capital servido en bandeja por la recesión económica y los compromisos fiscales con Europa- y el endurecimiento legal contra las protestas ciudadanas son dos caras de la misma moneda y ahondan un proceso de un cuarto de siglo que ya describió un politólogo italiano, Luigi Ferrajoli, hace mucho tiempo. La creciente impotencia de los ciudadanos respecto a la representación política, la creciente impotencia de la representación política, y de la actividad política tout court, frente a los aparatos burocráticos del Estado y la creciente subsidiaridad del aparato del Estado a las exigencias de la estrategia del capital y de sus mercados. Están deconstruyendo el sistema de la democracia representativa y reduciéndola a un guiñapo caricaturesco delante de nuestras propias narices. Como si ocupasen nuestra propias casas metro a metro, esquina a esquina, mientras seguimos la invasión en directo por televisión.