ÁNGELES RIOBO | Santa Cruz de Tenerife

La tormenta que el 31 de marzo de hace diez años cayó sobre Santa Cruz de Tenerife provocó, además de daños irreparables como la pérdida de ocho vidas humanas, que el agua irrumpiera en centenares de casas, dejando a su paso escombros, enseres y desolación.

La respuesta de todas las instituciones fue rápida. La capital fue declarada zona catastrófica, se crearon fondos de compensación con los que paliar los daños y se puso en marcha un plan de medidas urgentes para la recuperación de la ciudad. A día de hoy, la mayor parte de las familias que perdieron sus viviendas o éstas quedaron inhabitables a consecuencia de la tormenta, residen ya en casas nuevas, construidas para la ocasión, finalizando así un realojo provisional que, en 31 casos dura ya diez años.

La técnico de la Consejería de Vivienda y miembro de la Oficina de Atención en Información a los Afectados por el temporal del 31 de marzo en Santa Cruz, Noemi Ramos, recuerda que el plan de recuperación no sólo tuvo por objetivo reparar los daños causados por el temporal, sino también, adecuar la planificación urbanística a la propia orografía del terreno -con el fin de prevenir riesgos ante catástrofes naturales, y la mejora de la calidad urbanística y la cohesión social, iniciando actuaciones en las zonas más deprimidas.

Laderas y barrancos

De esta manera, y atendiendo a los objetivos del plan, se trabajó en laderas y barrancos, se procedió al realojo de las familias que habían sido evacuadas, a la reparación de aquellas viviendas que se encontraban en mejor estado y al realojo temporal para la posterior reposición de viviendas a los damnificados cuyos domicilios habían sido consideradas irreparables, bien por los propios daños del temporal, bien atendiendo a criterios de prevención, por encontrarse situadas en zonas de afección urbanística.

Según informa el Ayuntamiento de Santa Cruz, 114 familias han sido realojadas de forma definitiva y existen 31 aún pendientes de realojar. De ellas 16 continúan viviendo en un alquiler sufragado por las instituciones públicas. La intervención pública ha supuesto una mejora de las situación de las familias damnificadas, ya que no sólo ha aumentado el grado de regularización de las viviendas sino que también se ha mejorado su calidad de vida con inmuebles adecuados a sus necesidades atendiendo, por ejemplo, a la presencia de miembros discapacitados.

Solo 71 euros

De las 1.505 solicitudes de ayuda recibidas en la oficina de atención a los damnificados se han aprobado 1.241. Además, otros muchos afectados no quedaron satisfechos con la respuesta institucional.

Este es el caso de la familia de Leticia Armas cuyo domicilio se encuentra en San Andrés. “Mi casa quedó destrozada. Se nos levantó el suelo y hubo que cambiar el tendido eléctrico y aún las paredes rezuman humedad. Sin embargo, tras mucho batallar sólo nos dieron 71 euros”, lamenta la afectada, que sí que agradece el apoyo recibido de las empresas privadas. Cabe recordar que el fondo de solidaridad alcanzó los 1.907.483 euros, gracias a las donaciones para la causa de particulares y entidades.

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114 casas nuevas

Tras una primera intervención indemnizando los daños reparables, se procedió a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) para las familias con casas no reparables. Actualmente se han entregado seis promociones de viviendas: 21 en San Andrés, en 2005; 11, en Barranco Grande, en 2007; 57, en el barrio de La Alegría, en julio de 2010; 17, en el barrio de La Salud, y 11, en Valleseco, en julio del año pasado.

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