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Distrito único a palos > Francisco Pomares

Mientras los políticos y los medios canarios discuten sobre la inexistente preeminencia de una u otra universidad en el distrito único, los rectores de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria, en una intervención común poco frecuente, han emitido un comunicado conjunto para oponerse a las “medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, aprobadas por el Gobierno Rajoy en un decreto ley, que prácticamente duplica las tasas de matrícula, modifica la dedicación y horarios del profesorado y diseña un nuevo mecanismo para la creación, modificación y supresión de títulos, carreras y centros. Los dos rectores se quejan de que no se consultara siquiera a las Universidades y de que el decreto establezca cambios sustanciales al modelo de universidad pública. La decisión del Gobierno del PP sobre las Universidades, uno más de lo que Rajoy define como los apuntes de su agenda reformista persigue, -sobre todo- descargar al Gobierno de una parte del esfuerzo económico que supone mantener universidades públicas, incrementando el coste de los estudios, reduciendo los recursos para becas y haciendo que sean las familias quienes soporten el esfuerzo de las matrículas. Quienes conozcan el funcionamiento de las universidades públicas, y el escaso esfuerzo académico de una parte de los estudiantes becados, podrían entender la necesidad de endurecer los requisitos de cumplimiento académico. Pero lo que hace el Gobierno va mucho más allá. En la práctica, dinamita el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación universitaria reconocido constitucionalmente. Y obligar a que los docentes universitarios trabajen más horas lectivas -horas que se pierden para la investigación- es otro dislate. El problema en la mayoría de las facultades españolas no es de falta de productividad en la docencia, sino de pobre esfuerzo en la investigador. Pedir más horas de docencia a los profesores, no habiendo más enseñanzas que impartir, y sin aumentar el número de matriculados (de hecho es casi seguro que disminuirán con las nuevas tasas) sólo persigue que en unos meses sobren profesores, para así justificar los inevitables despidos. Tendremos entonces una universidad más cara para los estudiantes, con menos investigación y menos profesores dando cada uno de ellos más clases. Una universidad peor de la que ya tenemos, que tampoco es para tirar voladores. Y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el Gobierno también ha decretado una reducción de la autonomía universitaria de creación de nuevos estudios, atendiendo a las necesidades propias de cada distrito. Vale que hace falta recortar gastos. Pero si alguien estuviera pensando en cómo hacerlo y de paso favorecer a la universidad privada, lo haría exactamente como lo ha hecho este Gobierno.