Siempre me ha resultado inexplicable que en los más de veinte años de existencia del Consejo Insular de Aguas de Tenerife no se haya construido en nuestra Isla una sola estación depuradora de aguas residuales (EDAR), y si alguien nos dijera que la puesta en marcha del sistema Adeje-Arona o Valle de La Orotava se inició constituido el Consejo Insular, tenemos que recordarle que éstas fueron programadas, proyectadas, financiadas y ejecutadas antes de su aparición.
Pero aún resulta más sorprendente que la inacción del Consejo haya logrado también el triste resultado de borrar del mapa la EDAR de Guía de Isora y la EDAR Valle de Güímar. Curiosamente esta edarfobia del Consejo Insular no parece, por el momento, revertirse en el nuevo Convenio de Obras Hidráulicas que deja fuera la financiación de nuevas depuradoras. Como se ve, la práctica del Consejo es algo así como meter la basura debajo de la alfombra, en este caso en el fondo del mar, tendencia que ya se constataba en el vetusto plan hidrólogico y que está siendo ejecutado a pie juntillas por la anacrónica gerencia del consejo. Esta gerencia ha venido impulsando el binomio tratamiento primario y vertido, o lo que es lo mismo un desbaste y conducción de las aguas residuales al mar, aplicando, en todos los casos, este método, independientemente de que por motivos de carga orgánica sobrepase lo legalmente admitido, como claramente reflejan estudios sobre el censo de vertidos que figuran en la Viceconsejería de Medio Ambiente.
Ejemplos de esta implantación los tenemos en Radazul, Tabaiba, Candelaria, Las Eras, Puertito de Güímar, Granadilla, Sueño Azul, Punta Blanca, Los Gigantes, y otros en curso como San Miguel o Las Galletas.
Seguro que detrás de esta decisión de no favorecer la creación de nuevas depuradoras tiene, como todo en esta vida, un trasfondo político. Si se depuraran las aguas residuales contaríamos con una importante cantidad de este líquido elemento con calidad suficiente como para cubrir parte de la demanda agrícola, lo que significa romper con el monopolio que en el mercado del agua representan las aguas provenientes de galerías y pozos, pudiendo revertir los beneficios que se obtuvieran de la venta de las aguas depuradas en los ayuntamientos o empresas públicas gestoras del ciclo integral del agua. Por eso me surge la duda de si detrás de esta inacción del Consejo se encuentra el deseo de no cambiar una relación de fuerza de un sector que ha marcado su impronta en nuestra Historia más reciente.
En el avance del Plan Hidrológico Insular, las estimaciones de las aguas residuales generadas en el año 2005 se cuantifican en 63.177.561 m3/año (63,2 hm3/año), de los cuales solo se reutilizan 7,4 hm3/año. Estamos hablando, nada más y nada menos, que de 55,8 hm3/año.
A nadie se le escapa que esto representa un recurso economico de titularidad pública de enorme magnitud que no sólo se está desperdiciando, vertiéndolo al subsuelo o al mar, sino que está causando graves problemas ecológicos y de salud pública.
* Concejal y portavoz de la formación Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz